En un movimiento sin precedentes, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha delineado planes para expandir drásticamente sus operaciones de cobro de multas migratorias. A través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se busca contratar a una empresa privada con la capacidad de realizar un ‘rastreo internacional’ de migrantes previamente deportados o que abandonaron voluntariamente el territorio estadounidense. El objetivo es localizarlos en países como México, Guatemala y Honduras para exigir el pago de sanciones económicas pendientes, una medida que redefine los límites de la aplicación de la ley migratoria transfronteriza y que ha generado un amplio debate sobre su alcance y sus implicaciones éticas.
Este esfuerzo de cobro se enmarca en una estrategia más amplia de la administración, que reactivó las multas civiles por diversas infracciones a la legislación migratoria. Originalmente establecidas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) en 1996, algunas de estas sanciones, como las impuestas por el incumplimiento de una orden de expulsión, ascienden a $998 dólares diarios tras los ajustes por inflación. La convocatoria de CBP especifica que el contratista no solo deberá localizar a los deudores, sino también notificarles el monto adeudado, facilitar el pago completo o acuerdos de plazo, y recopilar pruebas fehacientes de su ubicación, tales como fotografías de la vivienda, facturas de servicios o registros laborales, e incluso certificados de defunción si el individuo ha fallecido.
Hasta la fecha, las compañías privadas contratadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recuperar estas deudas operaban exclusivamente desde territorio estadounidense, utilizando métodos como cartas y llamadas telefónicas. Sin embargo, su efectividad para contactar a deudores en el extranjero ha sido limitada. La nueva directriz marca una significativa escalada, al permitir que estas operaciones se extiendan físicamente más allá de las fronteras de EE.UU., buscando a los individuos directamente en sus países de origen o residencia, lo que plantea interrogantes sobre la jurisdicción y la soberanía de estas naciones.
El Departamento de Seguridad Nacional estima que existen alrededor de $423 millones de dólares en multas migratorias sin pagar, correspondientes a aproximadamente 66,387 inmigrantes. Esta cifra subraya la magnitud de la deuda acumulada y el potencial impacto financiero que esta iniciativa podría tener, tanto para los individuos afectados, muchos de los cuales enfrentan ya dificultades económicas tras la deportación, como para las economías de los países receptores, donde el desvío de remesas hacia el pago de estas deudas podría tener consecuencias sociales y económicas adversas.
Desde una perspectiva legal y ética, la expansión de estas operaciones de cobranza internacional suscita profundas preocupaciones. La facultad de una empresa privada para recopilar información personal detallada en un país extranjero, sin la supervisión directa de las autoridades locales, plantea serios desafíos en materia de privacidad y derechos civiles. Además, la aplicación de multas impuestas bajo la ley estadounidense a individuos que ya no residen en su jurisdicción plantea un complejo entramado de cuestiones sobre la extraterritorialidad de las leyes y la validez de los procedimientos de notificación y cobro.
Finalmente, esta política podría tener implicaciones diplomáticas significativas. México, Guatemala y Honduras son socios clave de Estados Unidos en la gestión de flujos migratorios y en la seguridad regional. Una medida que podría percibirse como una intrusión en su soberanía o una carga adicional para sus ciudadanos deportados podría tensar estas relaciones, dificultando la cooperación en otros frentes. La efectividad de esta estrategia dependerá no solo de la capacidad operativa de la empresa contratada, sino también de la voluntad de los gobiernos de estos países para facilitar o, al menos, no oponerse a tales acciones en su territorio.
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