La Alianza de Inmigrantes de Ohio ha emitido una alerta crítica, revelando un patrón inquietante de ocho prácticas y conductas por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, según el informe, ponen en grave peligro a la población inmigrante. Entre las acusaciones más serias se encuentran el abuso de autoridad, deficiencias en la verificación de antecedentes de los oficiales, violencia doméstica, depredación sexual y una preocupante cultura de misoginia y racismo. Este documento, titulado ‘Caminan entre nosotros: lista de 59 agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza que cometieron abusos sexuales y físicos’, detalla cómo el abuso en ICE no es un incidente aislado, sino un problema sistémico que requiere atención urgente.
El estudio profundiza en 59 casos documentados de actos delictivos, tanto violentos como sexuales, perpetrados por empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia a la que pertenece ICE. La investigación subraya que las principales víctimas de estos abusos son mujeres y niños, quienes se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad. Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Alianza y autora principal del informe, enfatiza la alarma por el historial de abuso sexual y violento contra estas poblaciones, cuestionando la impunidad con la que operan algunos oficiales, cuyo comportamiento, según ella, contraviene los principios de aplicación de leyes civiles.
El informe extiende su crítica al DHS, señalando que la agencia ha flexibilizado los estándares de selección, contratación y capacitación de agentes, creando un entorno propicio para la falta de rendición de cuentas. Esta permisividad institucional, lejos de fomentar la transparencia, permite a los oficiales aplicar ‘tácticas peligrosas’ en la aplicación de las leyes de inmigración civil. Un testimonio clave que corrobora esta falla estructural proviene de Ryan Schwank, exabogado del ICE y responsable de capacitación de oficiales, quien en febrero de 2026 declaró bajo juramento que el programa de formación es ‘deficiente, defectuoso y está roto’, citando órdenes para violar la Constitución y recortes en horas de instrucción vital.
La gravedad de la situación se acentúa con la denuncia de que el DHS ha continuado contratando personal sin realizar revisiones adecuadas de antecedentes penales. El informe expone que varias personas con historiales documentados de comportamiento delictivo y depredador fueron contratadas por el DHS, a pesar de que deberían haber sido descalificadas. Un caso particularmente revelador es el de Brashad Johnson, a cargo de las verificaciones de antecedentes de los empleados del DHS, quien fue condenado por solicitar prostitución de una menor. Esta deficiencia en los mecanismos de control interno socava directamente la confianza pública y la legitimidad de las operaciones migratorias.
Ante este panorama, la Alianza de Inmigrantes de Ohio propone tres recomendaciones esenciales para mitigar los abusos: congelar los presupuestos de ICE y la Patrulla Fronteriza, implementar medidas reales de investigación y rendición de cuentas, y transitar hacia un sistema de aplicación de la ley de inmigración que funcione de manera civilizada. Este modelo idealizado implica que los agentes no deberían portar armas ni realizar detenciones callejeras, limitando su labor a edificios de oficinas y tratando las infracciones migratorias como asuntos de derecho civil, con mecanismos de cumplimiento alternativos a la deportación o el encarcelamiento.
La integridad de las instituciones encargadas de la seguridad pública depende fundamentalmente de su adherencia a los principios democráticos y al respeto irrestricto de los derechos humanos. Este informe no solo documenta una serie de abusos graves, sino que también lanza una llamada urgente a la acción para que el Congreso y las autoridades implementen reformas sustantivas. La pasividad ante estas denuncias erosionaría aún más la confianza pública y perpetuaría un ciclo de vulnerabilidad para las poblaciones inmigrantes, contraviniendo los valores fundamentales de justicia y equidad en un estado de derecho.
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