La política exterior de México ha sido objeto de un intenso escrutinio internacional durante los últimos ocho años, particularmente por su tendencia a intervenir en los asuntos judiciales internos de otras naciones latinoamericanas. Esta postura ha generado un debate sobre si México se ha erigido como un ‘ente supranacional’, cuyas decisiones desestiman las normas y leyes de países con gobiernos de distinta orientación política. La administración ha sido criticada por priorizar afinidades ideológicas, socavando los principios de soberanía y no intervención, pilares fundamentales del derecho internacional público.
Un claro ejemplo fue la situación de Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, condenada por la justicia peruana a once años de prisión por conspiración. A pesar de una sentencia firme, la presidenta Claudia Sheinbaum habría solicitado a la mandataria Keiko Fujimori un salvoconducto, facilitando su traslado a México. Este acto no solo ignora un fallo judicial soberano, sino que sienta un precedente preocupante en las relaciones diplomáticas bilaterales, contradiciendo la reciprocidad esperada entre estados soberanos.
Esta injerencia se extiende al asilo de la familia del expresidente peruano Pedro Castillo, también implicado en acusaciones de corrupción e intento de golpe de Estado. Tal decisión, defendida por las administraciones de López Obrador y Sheinbaum, ha sido interpretada como una validación de sus acciones y un desaire a los procesos legales. Previamente, México ofreció asilo a Evo Morales, expresidente de Bolivia, tras una crisis política en 2019 donde intentó reelegirse pese a un referéndum adverso, generando protestas y víctimas mortales; la acogida fue vista como un desconocimiento de la voluntad popular boliviana y las consecuencias jurídicas de su actuar.
Otro incidente relevante fue la protección brindada a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, acusado de cohecho en el caso Odebrecht. Glas, prófugo de la justicia ecuatoriana, fue resguardado en la embajada mexicana, lo que culminó en una incursión policial ecuatoriana a la sede diplomática. Este evento evidenció los límites de la inviolabilidad diplomática y la tensión generada al percibirse un uso indebido de las convenciones para evadir la justicia por crímenes comunes.
Estas acciones de la política exterior mexicana tienen implicaciones profundas para el equilibrio diplomático regional. La priorización recurrente de lazos ideológicos sobre el respeto a la soberanía judicial podría erosionar la confianza mutua y la estabilidad interestatal. La percepción de un ‘ente supranacional’ actuando de facto menoscaba la predictibilidad necesaria para la cooperación y sienta un precedente peligroso que otros países podrían invocar, deslegitimando las estructuras judiciales de la región.
A largo plazo, esta política de injerencia ideológica podría afectar la reputación de México como actor global responsable y comprometer la confianza de inversionistas internacionales. La desinstitucionalización del país, donde las decisiones se concentran en figuras carismáticas más que en el marco legal, representa un riesgo latente para la seguridad jurídica y la democracia, transformando la diplomacia regional en un campo de confrontación. Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
