El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha implementado nuevas directrices internas que marcan un punto de inflexión en sus tácticas de aplicación de la ley, prohibiendo explícitamente las persecuciones vehiculares de automóviles que se nieguen a detenerse. Esta medida, detallada en un memorando interno, refleja un esfuerzo por recalibrar los protocolos operativos de la agencia frente a incidentes recientes y la creciente escrutinio público sobre el uso de la fuerza en sus operaciones cotidianas.
Además de la prohibición de persecuciones, las nuevas normas restringen estrictamente quién puede realizar controles de tráfico, limitando esta facultad a agentes que hayan completado cursos de capacitación específicos. Esta decisión surge como respuesta directa a una serie de incidentes en los que agentes de ICE hicieron uso de sus armas, resultando en al menos cuatro muertes y múltiples heridos. La agencia busca con estas disposiciones reforzar la seguridad tanto de sus agentes como de la ciudadanía durante la ejecución de los **controles de tráfico**.
La promulgación de estas directrices no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de tensiones prolongadas y debates internos dentro de la administración anterior sobre la eficacia y los riesgos asociados a los controles vehiculares como herramienta migratoria. Tras tiroteos mortales protagonizados por agentes de ICE en estados como Maine y Texas, se ordenó una suspensión temporal de la mayoría de estas operaciones. Sin embargo, presiones políticas subsiguientes llevaron a revertir dicha suspensión, evidenciando la dicotomía entre la necesidad de aumentar las deportaciones y la exigencia de procedimientos seguros y responsables.
El memorando, firmado por Marcos Charles, director ejecutivo asociado de ICE, detalla requisitos operativos más rigurosos. Ahora, es obligatorio que los vehículos utilizados en los controles estén claramente identificados con luces y sirenas policiales. Asimismo, todos los agentes presentes durante una detención vehicular deben portar y activar sus cámaras corporales, una estipulación que subraya el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, elementos cruciales en la vigilancia moderna.
La capacitación se ha vuelto un pilar fundamental de esta reforma. Solamente aquellos agentes que hayan completado uno de los cinco cursos de formación específicos de la agencia estarán autorizados para iniciar y conducir un control de tráfico. Aquellos sin dicha certificación solo podrán participar en calidad de acompañantes y bajo ninguna circunstancia les será permitido operar los vehículos involucrados. Esta diferenciación busca garantizar que solo personal adecuadamente preparado interactúe directamente con el público en situaciones de alta tensión.
Adicionalmente, el documento clarifica el uso de técnicas de inmovilización, como el empleo de un vehículo para detener otro o el uso de bandas de clavos. Estas herramientas siguen siendo permitidas, pero su aplicación se restringe igualmente a agentes que hayan recibido una formación especializada y exhaustiva en su despliegue, buscando mitigar riesgos innecesarios y asegurar una aplicación proporcionada de la fuerza cuando sea indispensable.
Estas nuevas políticas cobran particular relevancia tras casos recientes que han expuesto fallas significativas, como el incidente en Texas donde un repartidor resultó herido de bala. Testimonios judiciales revelaron que el agente que disparó no portaba cámara corporal y otro agente, pese a tenerla, la había apagado. Tal circunstancia resalta la urgente necesidad de estandarizar procedimientos y fortalecer la supervisión interna, buscando restaurar la confianza pública en una agencia que, mientras enfrenta presión por aumentar las deportaciones, debe operar con la máxima ética y seguridad.
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