Un reciente fallo judicial ha extendido, de manera provisional, el plazo para la tramitación de las solicitudes de la ‘Visa de Diversidad 2026’, conocida como la Lotería de la Green Card, hasta el 10 de octubre. Esta decisión representa un alivio para miles de aspirantes a la residencia permanente en Estados Unidos, afectados por interrupciones y retrasos atribuidos a la administración anterior. La intervención judicial subraya la persistencia de desafíos administrativos y la importancia de la supervisión legal en los procesos migratorios.
La orden fue emitida por el juez Edward Davila del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Norte de California, quien determinó que el Departamento de Estado debe reanudar la adjudicación de estas visas por un período adicional de diez días. Esta resolución se produce tras meses de litigios donde los abogados de los solicitantes argumentaron una falta de diligencia por parte de las autoridades federales, incluso después de que una orden judicial previa obligara a reactivar el procesamiento de un programa suspendido por la administración Trump.
La relevancia de este programa migratorio es incuestionable, ya que cada año otorga alrededor de 55,000 permisos de residencia permanente a individuos de países con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos. Para los beneficiarios, el tiempo es un factor crítico, dado que las visas deben ser emitidas impostergablemente antes de la conclusión del año fiscal correspondiente, añadiendo una capa de urgencia a cada día de retraso en el proceso.
Según los reportes del abogado Curtis Morrison, quien representa a solicitantes de la edición 2026, la disparidad entre las visas disponibles y las efectivamente emitidas es alarmante. Con 52,101 plazas asignadas, solo 10,974 habían sido procesadas hasta la intervención judicial. Aunque el juez Davila rechazó declarar al gobierno en desacato civil, su decisión de prorrogar el plazo busca mitigar el impacto de la lentitud administrativa, equiparando el tiempo perdido en que el Departamento de Estado no instruyó a sus oficinas para acatar órdenes previas.
Las cifras gubernamentales sobre el volumen de solicitudes procesadas han sido objeto de escrutinio. Inicialmente, el Departamento de Estado reportó una cifra mínima de visas aprobadas. Sin embargo, en los días previos al vencimiento del plazo original, se reportó un incremento significativo, procesando unas 1,500 visas. Este dato, cuestionado por Morrison, sugiere una posible inclusión indebida de demandantes de otro litigio, lo que amplió paradójicamente el alcance de la decisión del juez Davila para beneficiar también a estos otros afectados.
La incertidumbre no se limita a la edición 2026; la situación actual también proyecta una sombra sobre la próxima ‘Lotería de la Green Card 2027’. El proceso para esta edición, que normalmente comenzaría con antelación, aún no ha sido puesto en marcha. Ante esta inacción, una nueva demanda ha sido presentada en San Diego, y se espera que el abogado Morrison comparezca ante la jueza federal Jinsook Ohta a mediados de octubre para solicitar la inmediata activación del programa para el año fiscal venidero.
El programa de ‘Visa de Diversidad’ es un componente fundamental de la política migratoria estadounidense, atrayendo anualmente a 20 millones de interesados. De estos, aproximadamente 120,000 son seleccionados inicialmente, culminando en la adjudicación de las cerca de 55,000 visas disponibles. La prórroga hasta el 10 de octubre ofrece una crucial extensión a los beneficiarios de 2026 con casos pendientes, mientras la resolución para la edición 2027 aguarda la decisión del tribunal de San Diego, marcando otro hito en la persistente lucha por la transparencia y eficiencia en los trámites migratorios internacionales.
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