La billetera estatal Chivo, otrora insignia del ambicioso experimento salvadoreño para adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, ha formalizado un significativo cambio de propiedad. El 8 de octubre, el Gobierno de El Salvador y la firma californiana Linguard Labs anunciaron una alianza público-privada, cediendo la participación mayoritaria de la Chivo Wallet a la entidad privada. Esta reconfiguración estratégica redefine su propósito, virando de un enfoque cripto-céntrico a una plataforma financiera digital integral, diseñada para beneficio de todos los salvadoreños, buscando mayor sostenibilidad y eficiencia.
Fundada en septiembre de 2021, Chivo fue el eje de la Ley Bitcoin, posicionando a El Salvador como pionero mundial. La inversión estatal incluyó un fideicomiso de US$150 millones e incentivos por descarga. Sin embargo, la adopción masiva esperada no se concretó. Encuestas IUDOP de enero de 2025 revelaron que el 91,8% de los salvadoreños no usó Bitcoin en 2024, y las remesas vía criptoactivos representaron un marginal 0,7% del total entre enero y abril de 2026, según el Banco Central de Reserva, evidenciando una brecha entre aspiración y realidad.
La intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue crucial. El programa de US$1.400 millones de diciembre de 2024 impuso condiciones para mitigar riesgos fiscales asociados al Bitcoin, incluyendo la reducción gradual de la participación gubernamental en Chivo. Esta directriz llevó a la reforma de la Ley Bitcoin por la Asamblea Legislativa, cambiando la aceptación del criptoactivo de obligatoria a voluntaria, un paso fundamental que allanó el camino para la desinversión y la alineación con estándares financieros internacionales.
Bajo la dirección de Linguard Labs, con exejecutivos de Visa y JPMorgan Chase, la Chivo Wallet se transformará en una plataforma de servicios financieros diversificados. La oferta incluirá remesas gratuitas desde Estados Unidos, microcréditos y adelantos de efectivo basados en el historial de uso, financiamiento para comerciantes y pagos multi-activo que aceptarán Bitcoin, dólares y stablecoins. La inclusión de ‘cashback’ y tarjetas de débito busca potenciar la usabilidad y fomentar una inclusión financiera más amplia, capitalizando su base de 4.5 millones de cuentas registradas.
Pese a la desinversión en la billetera, la política estatal de acumulación de Bitcoin ha persistido; El Salvador posee más de 7.798 BTC, valorados en US$636 millones. Estas compras continuaron post-acuerdos FMI, que aclaró su financiamiento con ‘donaciones privadas’. La sostenibilidad de Chivo es un reto vital; registró pérdidas de US$9,63 millones en 2024, pese a una subvención estatal de US$40,04 millones. Expertos señalan microcréditos y solidez regulatoria como claves para su viabilidad y escalabilidad. Este viraje, de un experimento Bitcoin a una estrategia de inclusión financiera más convencional, evidencia una adaptación pragmatica a las condiciones del mercado y las directrices internacionales. El desenlace de esta reestructuración proporcionará un valioso caso de estudio sobre la interacción entre innovación fintech, políticas estatales y la dinámica de los mercados emergentes.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
