La disolución de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), tras 35 años de infructuosa labor, marca un punto de inflexión crítico en uno de los conflictos más prolongados del continente africano. El anuncio formal del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, no solo confirma el fin de una iniciativa nacida con la promesa de una consulta vinculante, sino que subraya el fracaso en facilitar una solución política aceptable. Este desenlace, propiciado por un veto de la Federación Rusa en el Consejo de Seguridad contra una resolución de EE. UU. que calificaba la autonomía marroquí como ‘única base’ para la negociación, abre un escenario de incertidumbre y alto riesgo para el futuro del Sáhara Occidental.
Paradójicamente, tanto Rabat como el Frente Polisario han interpretado este revés diplomático como una victoria estratégica. Marruecos, a través de Mohamed VI, ha calificado la liquidación de MINURSO como ‘un paso significativo hacia el cierre definitivo’ del expediente del ‘Sáhara marroquí’. Por su parte, el Frente Polisario, que la ONU aún reconoce como representante del pueblo saharaui, celebra el veto ruso como un freno a una ‘conspiración’ contra la existencia libre de su pueblo. Estas declaraciones antagónicas evidencian la profunda polarización y la ausencia de un terreno común para el diálogo constructivo.
MINURSO se creó en 1991, tras un alto el fuego, con el objetivo de organizar un referéndum de autodeterminación, mandato que nunca pudo cumplir. A lo largo de las décadas, la misión se vio obstaculizada por diferencias irreconciliables sobre el censo y la viabilidad de la consulta. Su progresiva desviación del fin original, mutando de la ‘R’ de referéndum a la búsqueda de una ‘solución política mutuamente aceptable’, reflejó la parálisis política y la creciente influencia de intereses geopolíticos, priorizando la estabilidad regional sobre el estricto cumplimiento del derecho internacional para los territorios no autónomos.
El veto ruso no fue un acto aislado, sino una clara señal de la intensificación de las rivalidades entre grandes potencias en África y el Magreb. Al rechazar la propuesta estadounidense, Rusia reafirmó su postura de abogar genéricamente por una solución conforme a la Carta de la ONU y el principio de autodeterminación, sin predeterminar el resultado. Este movimiento no solo resquebraja la unidad del Consejo de Seguridad, sino que debilita la capacidad de la ONU para imponer soluciones o mantener la paz, dejando un vacío que podría ser llenado por agendas nacionales y regionales más confrontacionales.
Las consecuencias a medio y largo plazo de la retirada de MINURSO son particularmente alarmantes. El riesgo de una escalada violenta entre el Frente Polisario, que ya rompió la tregua en 2020 (seis años antes de la fecha actual 2026), y las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos es palpable. La ausencia de observadores militares de la ONU en la zona al este del muro de seguridad marroquí elimina un mecanismo crucial de supervisión, aumentando la probabilidad de incidentes armados. Este escenario se ve agravado por la persistente carrera armamentística entre Marruecos y Argelia, cuyo apoyo al Frente Polisario es un factor determinante en la dinámica regional.
Históricamente, la retirada de misiones de paz de la ONU rara vez se revierte, como lo demuestran los casos de Georgia (Abjasia) en 2009 o Mali en 2023. Este precedente sugiere que el expediente del Sáhara Occidental podría quedar relegado a un estatus de ‘conflicto congelado’ fuera del foco principal del Consejo de Seguridad, con una reducción drástica de la presión internacional sobre las partes. Esta situación podría perpetuar el sufrimiento de la población saharaui y generar una inestabilidad crónica en una región ya estratégica y compleja, con implicaciones para la seguridad euro-mediterránea.
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