En un desarrollo significativo dentro del prolongado y complejo ‘Caso Maradona’, el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro dictaminó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. Esta decisión unánime, alcanzada el pasado jueves, se fundamentó en el desistimiento de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal y la ausencia de pretensiones acusatorias sostenidas por las querellas, marcando un punto de inflexión en la intrincada investigación sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del astro del fútbol mundial.
La exoneración de Di Spagna se sustenta en la evidencia que demostró su participación sumamente acotada en el esquema de atención médica de Diego Armando Maradona. Se determinó que el profesional realizó una única visita como interconsultor, enviado por la empresa de medicina prepaga a la residencia de Tigre donde el exfutbolista cumplía una internación domiciliaria. Su intento de seguimiento posterior fue pospuesto por otro miembro del equipo médico, lo que lo mantuvo al margen de los acontecimientos subsiguientes y desvirtuó cualquier vínculo con presuntas negligencias.
Tras resolver la situación procesal de Di Spagna, el tribunal ha centrado ahora su atención en los restantes seis profesionales de la salud imputados en la causa. La fecha crucial para la lectura de los veredictos definitivos ha sido fijada para el martes 22 de diciembre a las 12:00 hora local, un anuncio que intensifica la expectativa en Argentina y a nivel internacional sobre las conclusiones de este juicio de alto perfil mediático y legal.
Los acusados que aguardan la sentencia incluyen al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Este elenco de profesionales de diversas especialidades resalta la complejidad de la atención sanitaria prestada a Maradona, planteando interrogantes fundamentales sobre la coordinación, la supervisión y la responsabilidad individual y colectiva en situaciones de internación domiciliaria de figuras públicas con patologías complejas.
Durante la fase de alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas que reflejan la gravedad de las acusaciones percibidas. Para Luque, Cosachov y Forlini, se pidieron condenas de hasta 12 años de prisión e inhabilitación profesional por una década. Para Díaz, Perroni y Almirón, las solicitudes fueron de hasta 5 años de prisión, también con 10 años de inhabilitación, delineando una jerarquía de responsabilidades y presuntas omisiones en el cuidado que precedió al deceso ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
Este juicio trasciende la figura de Maradona, sentando un precedente importante en la jurisprudencia argentina en materia de responsabilidad médica y el deber de cuidado, especialmente en contextos de vulnerabilidad del paciente y exposición mediática. La deliberación del tribunal deberá ponderar no solo la evidencia médica y técnica, sino también el marco ético y legal que rige la práctica sanitaria en casos de esta envergadura, con posibles repercusiones en la regulación de la atención domiciliaria de pacientes de alto riesgo.
El cierre del debate oral y la inminente emisión de los veredictos marcan la etapa culminante de un proceso judicial que el juez Alberto Gaig describió como ‘particularmente extenso, complejo y de repercusión pública poco habitual’. Su emotiva reflexión final subrayó la importancia de las garantías procesales y el derecho a la defensa, elementos cruciales en la búsqueda de ‘responsabilidades penales definitivas’ que el mundo del fútbol y la opinión pública internacional esperan con atención en este trascendental ‘Caso Maradona’.
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