El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha intensificado drásticamente su estrategia de localización, triplicando la inversión destinada a empresas privadas especializadas en el ‘rastreo de inmigrantes’. Con nuevos pedidos que ascienden a 57.1 millones de dólares, distribuidos entre catorce compañías, la agencia subraya una escalada en su enfoque de aplicación de la ley migratoria. Esta significativa asignación de fondos recalca una dependencia creciente del sector privado para funciones sensibles que tradicionalmente recaían en el ámbito gubernamental.
El mecanismo empleado, conocido como ‘skip tracing’, es un proceso sofisticado donde contratistas privados identifican y ubican individuos utilizando registros públicos, bases de datos comerciales y fuentes de internet, complementando esto con verificaciones presenciales y toma de fotografías. Este incremento presupuestario refleja una expansión programática, con contratos para firmas como Constellation (a 2.3 millones de dólares) y Enprovera (a 103,656 dólares), triplicándose según registros de Project Salt Box.
El contrato individual más sustancioso, de 14.5 millones de dólares, fue concedido a Capgemini Government Solutions. Esta firma ha captado la atención no solo por su lucrativa relación con ICE, sino también por la controvertida decisión de su casa matriz francesa de desvincularse de la subsidiaria estadounidense. Este hecho subraya la volátil relación entre las entidades gubernamentales y los proveedores privados en el delicado sector del control migratorio.
La controversia se intensificó tras una investigación de Scripps News en enero, que reveló cómo ICE había contratado inicialmente a trece empresas bajo acuerdos que podían alcanzar los 1.2 mil millones de dólares. Estos acuerdos incluían incentivos económicos vinculados directamente a la cantidad y celeridad en la localización de personas, una práctica que Sharon Bradford Franklin, expresidenta de la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles de Estados Unidos, equiparó a un sistema de ‘cazadores de recompensas’, alertando sobre los riesgos éticos inherentes a tales estructuras de compensación.
La dependencia gubernamental de contratistas privados para tareas de vigilancia y cumplimiento de la ley no es nueva, pero su expansión en el ámbito migratorio suscita interrogantes cruciales sobre supervisión y transparencia. A diferencia de las agencias estatales, las empresas privadas a menudo operan con menor escrutinio público y marcos de rendición de cuentas distintos. Esta opacidad complica la evaluación ética y legal de sus métodos, especialmente al manejar datos sensibles de poblaciones vulnerables, lo que puede socavar la confianza pública y el debido proceso.
La extensión de esta vigilancia genera, además, un impacto psicológico considerable en las comunidades inmigrantes, alimentando un clima de temor y desconfianza. La constante amenaza de ser localizados por entidades privadas, con métodos a menudo invasivos, afecta profundamente la calidad de vida y la integración social. Varias de estas empresas mantienen otros contratos relacionados con leyes migratorias, desde controles de seguridad para menores no acompañados hasta la recolección de multas de individuos ya deportados, evidenciando una compleja red de privatización de funciones de control migratorio.
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