La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay, en una acción coordinada con el Ministerio Público, ha ejecutado un operativo significativo en Pedro Juan Caballero, dirigido a desmantelar una operación de minería ilegal Bitcoin de criptomonedas. Este procedimiento, realizado el 22 de abril de 2026, subraya el compromiso firme de las autoridades paraguayas en combatir el fraude eléctrico y sus ramificaciones económicas. La intervención resultó en la incautación de hardware especializado y diversos componentes informáticos, evidenciando el uso de conexiones clandestinas a la red eléctrica nacional que generaban un perjuicio estimado en 22.000 dólares para la institución.
El allanamiento se llevó a cabo en una residencia en el barrio Terrazas, tras la detección de anomalías técnicas substanciales en el suministro eléctrico. Los técnicos de ANDE confirmaron una conexión irregular de baja tensión trifásica, astutamente desviada antes del medidor principal. Esta infraestructura ilícita permitía un consumo constante de aproximadamente 30 amperios por fase, eludiendo por completo el registro de los equipos de medición estatales. Dicha metodología no solo implica una grave violación a la normativa eléctrica, sino que también desestabiliza la infraestructura energética y afecta la calidad del servicio para los usuarios legítimos.
La base legal para estas acciones se encuentra en la Ley N.º 7300/2024, una legislación pionera implementada para salvaguardar la integridad del sistema eléctrico paraguayo. Esta normativa, que refuerza las sanciones contra el robo de energía destinado a actividades de minería de activos digitales, establece penas privativas de libertad que pueden extenderse hasta los 10 años. Adicionalmente, la ley facilita el comiso de los bienes directamente asociados a la comisión del delito, permitiendo al Estado recuperar y, potencialmente, reutilizar los equipos incautados, marcando un precedente en la lucha contra la criminalidad digital.
Paradójicamente, la rigurosa persecución de la minería ilegal coexiste con planes estatales para la institucionalización de equipos confiscados. En marzo del mismo año, ANDE formalizó un Memorando de Entendimiento con la firma tecnológica Morphware, con la ambiciosa meta de activar cerca de 30.000 equipos mineros previamente incautados en todo el país. El objetivo gubernamental es transformar estos dispositivos en una infraestructura legalmente constituida para el procesamiento de datos y la inteligencia artificial, buscando capitalizar activos que de otro modo quedarían obsoletos.
No obstante, la viabilidad de esta estrategia presenta sus propias complejidades. Gran parte del inventario decomisado incluye modelos antiguos, como la serie Antminer S9, cuya eficiencia energética es considerablemente reducida frente al crecimiento exponencial de la dificultad de la minería de Bitcoin. Bajo las actuales condiciones operativas y los crecientes costos de la energía, la rentabilidad de estos equipos legacy resulta incierta para un despliegue a gran escala, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad económica de tales iniciativas.
En síntesis, este reciente golpe en Pedro Juan Caballero reafirma la política de ‘tolerancia cero’ de ANDE frente a las conexiones ilícitas, un pilar esencial para la estabilidad de la red eléctrica nacional. Simultáneamente, Paraguay se posiciona en una encrucijada regulatoria y tecnológica, buscando equilibrar la aplicación de la ley con la exploración de vías para integrar el hardware decomisado en un marco regulado que pueda, eventualmente, beneficiar la economía digital del país, en un esfuerzo por convertir un problema en una oportunidad.
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