El Perú, al igual que numerosas naciones que han padecido conflictos internos, enfrenta un desafío persistente para sanar las heridas que dejó su período de violencia armada. La búsqueda de Justicia y Reconciliación no es una opción política, sino un imperativo moral y legal que exige la verdad, rendición de cuentas y reparaciones integrales para todas las víctimas. Este proceso, fundamental para la sanación social y la consolidación democrática, debe trascender las coyunturas, reconociendo que el terrorismo desgarra el tejido social y genera desconfianzas que solo se mitigan con acceso irrestricto a la justicia.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), establecida en Perú en 2001, documentó con meticulosidad las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), revelando decenas de miles de fallecidos y desaparecidos. Su informe final, presentado en 2003, no solo cuantificó el horror, sino que humanizó a las víctimas: desde campesinos quechuahablantes masacrados por Sendero Luminoso hasta miembros de las fuerzas del orden asesinados, y quienes sufrieron violaciones de derechos humanos por agentes estatales. La CVR enfatizó que su labor sentaba una base indispensable para la profundización de la verdad, un mandato que, dos décadas después, sigue reclamando su plena realización.
La justicia transicional, cuyo marco se ha desarrollado globalmente, busca asegurar la rendición de cuentas por crímenes graves, proveer reparaciones y fortalecer el Estado de derecho para prevenir futuras atrocidades. Sin embargo, en Perú, esta tarea se ve constantemente amenazada. Recientes iniciativas, como la propuesta de trasladar la gestión del Lugar de la Memoria (LUM) a una cartera ministerial y la promulgación de la Ley 32107, que busca prescribir crímenes de lesa humanidad y aplicar una tipificación más restrictiva que el Estatuto de Roma, son vistas como serios retrocesos. Estas acciones, en lugar de consolidar la justicia, parecen buscar un camino hacia la impunidad, lo que contraviene los principios fundamentales del derecho internacional.
Estas decisiones políticas no solo impactan en el marco legal, sino que también se reflejan en la operativa diaria de la justicia. La insuficiencia presupuestaria crónica para las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos es un ejemplo palpable de la falta de prioridad estatal, que obstaculiza la investigación y el enjuiciamiento de los responsables. En contraste, emergen iniciativas cívicas cruciales, como las propuestas por la diputada Rossana Alayza, que buscan fortalecer la visibilidad y la función educativa de espacios como el LUM a través de visitas guiadas con expertos. Estas acciones ciudadanas subrayan la importancia vital de la memoria colectiva como antídoto contra el olvido y pilar para una convivencia pacífica.
En esta jornada, donde se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, es imperativo recordar que la verdadera reconciliación nacional en Perú exige un compromiso firme con la verdad y la justicia. La preservación de la memoria histórica y el reconocimiento equitativo de todas las víctimas, sin distinciones arbitrarias, constituyen mandatos inquebrantables del Estado. Cualquier intento de desmantelar o menoscabar las instituciones y mecanismos destinados a este fin no solo representa una afrenta directa a la dignidad humana, sino que también socava los cimientos de la democracia y la estabilidad social, enviando un mensaje peligroso sobre la impunidad a las futuras generaciones.
Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
