El ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos ha emitido un contundente llamado al actual mandatario, Abelardo De La Espriella, para que la implementación del ‘Acuerdo de Paz’ con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sea una prioridad ineludible. Este pronunciamiento, realizado desde Oslo en la conmemoración del décimo aniversario de la firma del pacto, subraya la trascendencia de este compromiso para la cohesión nacional y la resolución de conflictos históricos que aún persisten.
Santos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2016 por su decisiva gestión en las negociaciones, enfatiza que la plena ejecución del acuerdo no solo fungiría como un catalizador de unidad en un país profundamente polarizado por recientes comicios, sino también como una herramienta fundamental para mitigar flagelos estructurales como la pobreza entre los agricultores, el narcotráfico y la inseguridad que aún aquejan a diversas zonas del territorio colombiano.
La génesis del prolongado conflicto colombiano, que ha asolado a la nación por más de seis décadas, radica en complejas disputas por la tenencia de la tierra y profundas inequidades socioeconómicas. Esta maraña histórica ha involucrado a actores diversos, desde grupos guerrilleros de izquierda y escuadrones paramilitares de derecha hasta poderosas organizaciones narcotraficantes, todos en confrontación constante con el Estado central, perpetuando un ciclo de violencia y desplazamiento.
Tradicionalmente, la financiación de los grupos armados ilegales ha estado intrínsecamente ligada al narcotráfico, una fuente de ingresos que perpetúa la violencia en las regiones más vulnerables. Sin embargo, en la última década, se ha observado una preocupante diversificación de sus flujos económicos, con la minería ilegal de oro emergiendo como un pilar financiero substancial, agravando la crisis ambiental y social en vastas regiones y complejizando los esfuerzos para desmantelar estas estructuras criminales.
Aunque el vasto ‘Acuerdo de Paz’ fue elevado a rango constitucional, su eficacia depende críticamente de la voluntad política y la gestión gubernamental para traducir sus principios en realidades tangibles. Disposiciones vitales, como el apoyo integral a los excombatientes desmovilizados y la impostergable reforma agraria destinada a beneficiar a agricultores vulnerables, requieren ajustes estratégicos y un enfoque persistente que no siempre se han concretado, enfrentando restricciones fiscales y otras preocupaciones políticas.
El actual presidente De La Espriella, cuya trayectoria como abogado se ha asociado a la defensa de individuos vinculados a grupos paramilitares, había expresado durante su campaña electoral severas reservas sobre el diseño e implementación del acuerdo, en particular respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta instancia de justicia transicional, encargada de esclarecer crímenes del conflicto, fue objeto de críticas sobre su eficacia y costo. No obstante, en su alocución inaugural, el mandatario moderó su postura, comprometiéndose a respetar el lugar de la JEP dentro del entramado judicial, aunque enfatizando una supervisión rigurosa.
Santos ha sido categórico al señalar que sus inmediatos sucesores, Iván Duque y Gustavo Petro, no lograron consolidar la implementación plena del pacto, que originalmente fue concebido para desarrollarse durante un período de quince años. En particular, la política de ‘paz total’ impulsada por Petro, que buscaba negociar con una pluralidad de grupos armados remanentes, habría, según Santos, desviado la atención y los recursos necesarios para la consolidación de lo ya acordado con las FARC, debilitando el impulso inicial del proceso.
Es imperativo recordar que el acuerdo original de 2016 fue, paradójicamente, rechazado por un estrecho margen en un plebiscito popular, antes de ser ajustado y ratificado por el Congreso colombiano, lo que refleja la polarización inicial en torno a sus términos. Este antecedente alimenta las objeciones recurrentes de críticos, incluyendo al Presidente De La Espriella, quienes cuestionan la severidad de las sentencias impuestas por la JEP a exlíderes guerrilleros y exmilitares, percibiendo una presunta lenidad en casos graves como secuestros y ejecuciones extrajudiciales.
La desmovilización de la mayoría de los combatientes de las FARC y su posterior conversión en un partido político legal marcó un hito histórico fundamental para el país. Sin embargo, la persistencia de grupos disidentes que optaron por regresar a la lucha armada, a menudo involucrados en actividades ilícitas, evidencia la fragilidad de los avances logrados y la complejidad inherente a la construcción de una paz duradera que requiere un compromiso integral y sostenido de todas las esferas del Estado y la sociedad.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
