Ciudad de Guatemala ha sido el epicentro de un esfuerzo concertado para abordar una de las problemáticas de salud pública y desarrollo más acuciantes del país: la seguridad vial. Una misión interinstitucional, liderada por el Viceministerio de Seguridad y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, junto a la colaboración técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (COSEVI), se llevó a cabo los días 24 y 25 de septiembre de 2026. Este encuentro trascendental buscó fortalecer la coordinación intersectorial y definir acciones concretas para mitigar el alarmante índice de muertes y lesiones causadas por el tránsito en la nación centroamericana.
La magnitud del desafío es innegable. Las cifras oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito revelan una realidad cruda: Guatemala registró 8,864 hechos de tránsito y 2,432 personas fallecidas durante el año 2025. Un dato particularmente preocupante es que el 57% de las víctimas mortales correspondieron a usuarios de motocicleta, evidenciando una vulnerabilidad específica. Además, los reportes hasta julio de 2026 ya indicaban un incremento del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que subraya la urgencia de intervenciones efectivas en materia de seguridad vial y la necesidad imperiosa de un enfoque sistémico y preventivo.
La articulación de esfuerzos involucró a un amplio espectro de actores, desde ministerios clave como el de Gobernación y Salud Pública, hasta entidades como el Seguro Social, PROVIAL, municipalidades, el CONADER y organizaciones de la sociedad civil como APASIT y Biciudad. Esta diversidad de participantes es crucial para adoptar el ‘enfoque de sistema seguro’, una filosofía que reconoce que los siniestros viales no son meros accidentes individuales, sino fallas en un sistema complejo que incluye la infraestructura, los vehículos, el comportamiento humano, la regulación y la respuesta post-impacto. Costa Rica, a través del COSEVI, compartió su experiencia en la traducción de planificación a resultados tangibles, una lección valiosa para Guatemala.
Más allá de la mera coordinación, las jornadas se enfocaron en la identificación de brechas y la priorización de acciones en áreas críticas como la prevención, la regulación, la fiscalización y la mejora de la infraestructura. Se hizo hincapié en la robustez de los sistemas de información, la eficiencia en la atención de salud posterior a los siniestros, la prontitud de los servicios de salud y la equidad en la justicia y la rehabilitación. Este abordaje integral es fundamental, pues la fragmentación de responsabilidades ha sido históricamente uno de los mayores obstáculos para la eficacia de las políticas de seguridad vial en la región.
La preocupación por los usuarios más vulnerables de la vía pública —peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios del transporte público— fue un tema central. Estos grupos son desproporcionadamente afectados por la siniestralidad vial, requiriendo estrategias focalizadas que van desde campañas de concientización y educación vial hasta mejoras en el diseño urbano que garanticen espacios seguros para la movilidad activa. La Policía Nacional Civil, a través del comisario Carlos Enrique Fuentes López, ha manifestado su plena disposición a liderar y operativizar estas estrategias, un compromiso institucional que es vital para la implementación efectiva de cualquier hoja de ruta nacional.
La representante de la OPS/OMS en Guatemala, Dra. Alma Morales Salinas, enfatizó la necesidad de mecanismos permanentes de coordinación, intercambio de información y seguimiento de resultados, dejando claro que la seguridad vial ‘no puede ser responsabilidad de una sola institución’. El establecimiento de acuerdos, prioridades y próximos pasos busca sentar las bases para una hoja de ruta nacional sólida y sostenible. La cooperación técnica internacional, como la ofrecida por la OPS/OMS, es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la gobernanza y la implementación de intervenciones basadas en evidencia, asegurando que los esfuerzos actuales no sean efímeros, sino parte de una transformación duradera en la movilidad y la seguridad de todos los ciudadanos guatemaltecos.
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