La reciente tesis del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que postula el ‘pleno empleo’ como la política social óptima y casi exclusiva, ha reabierto un debate fundamental sobre la complejidad de la desigualdad en las sociedades contemporáneas. Si bien la noción de que el trabajo dignifica y provee ingresos parece un pilar de cualquier economía robusta, esta visión simplifica drásticamente la intrincada red de problemas sociales. La aspiración a un mercado laboral dinámico es innegablemente crucial para satisfacer necesidades básicas absolutas, tales como alimentación y vivienda mínima. Sin embargo, ignora la persistente dificultad en la adquisición de lo que se conoce como ‘movilidad social’, un concepto que abarca la capacidad de los individuos para ascender en la escala socioeconómica más allá de su punto de partida.
El argumento central que desafía la suficiencia del pleno empleo radica en la distinción entre las carencias absolutas y las relativas. Mientras que el crecimiento económico sostenido y un mercado laboral robusto pueden mitigar la pobreza extrema, su impacto es limitado en la estructura de oportunidades. Las aspiraciones de la clase media y de los sectores emergentes a menudo se definen por posiciones relativas en el acceso a bienes públicos y privados de alta calidad, como la educación superior de prestigio, empleos con mayor remuneración y proyección, o la vivienda en zonas con infraestructura superior. En estos escenarios, la competencia no se basa en alcanzar un umbral mínimo, sino en superar a otros, lo que perpetúa ventajas estructurales para quienes ya poseen capital social y económico.
Esta dinámica de competición posicional genera un ‘gatopardismo social’: una ilusión de progreso donde, a pesar de las mejoras materiales, las jerarquías y distancias relativas entre los estratos sociales persisten, o incluso se acentúan. El incremento del Producto Interno Bruto y la disminución del desempleo, aunque positivos, no alteran la distribución del poder ni el acceso privilegiado a las herramientas que garantizan el avance generacional. Las familias con mayores recursos invierten desproporcionadamente en la educación y redes de sus hijos, creando nuevas élites que, sin intervención correctiva, mantendrán las barreras para la movilidad social de otros.
La experiencia de las democracias avanzadas y la vasta literatura académica en política social demuestran la indispensabilidad de una intervención estatal activa y progresiva. Lejos de ser políticas ‘prescindibles’, el gasto social estratégico en áreas como la educación temprana de calidad, la salud universal, el desarrollo infantil y el acceso a vivienda digna son pilares para desmantelar las ‘barreras de la cuna’. Estas inversiones públicas no solo actúan como redes de seguridad, sino como plataformas de lanzamiento que buscan equilibrar las oportunidades de partida, reconociendo que el mercado por sí solo es incapaz de corregir las profundas desigualdades heredadas.
La evidencia empírica corrobora esta perspectiva. Un reciente estudio del Banco Mundial ha puesto de manifiesto que países que priorizan el enriquecimiento sin una inversión simultánea en políticas redistributivas a menudo fracasan en mejorar la movilidad social; en algunos casos, incluso la reducen. Complementariamente, un informe de la OCDE sobre Chile reveló que, a pesar de décadas de crecimiento económico significativo, el país aún exhibe ‘techos y pisos pegajosos’, donde las familias en los extremos de la distribución socioeconómica transmiten su posición con una notable tenacidad a sus descendientes. Estos hallazgos subrayan que el crecimiento es una condición necesaria, pero no una panacea automática para la equidad.
En síntesis, la mera consecución del pleno empleo y el crecimiento económico, si bien fundamentales para el bienestar básico, no abordan la totalidad del espectro de desafíos sociales. La equidad de oportunidades y la movilidad social demandan un compromiso decidido con políticas públicas que redistribuyan el acceso y nivelen la cancha, más allá de solo elevar el piso. Confiar exclusivamente en el mercado para resolver estas complejidades es apostar por un cambio superficial que preserva la desigualdad estructural. La política social moderna exige una visión más profunda y una acción más audaz.
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