El histórico estudio de Paul Lazarsfeld y Marie Jahoda en Marienthal, Austria, en 1931, reveló una verdad profunda sobre el impacto del desempleo que trasciende la mera pérdida económica. Observaron no una protesta ruidosa, sino un agotamiento silencioso: hombres que deambulaban sin rumbo, la disminución del uso de relojes y una reducción en los préstamos de la biblioteca. Este estudio seminal documentó cómo el desempleo prolongado no solo empobrece a las comunidades, sino que también las ‘apaga’ psicológicamente, erosionando el sentido de propósito y la estructura social, un fenómeno que, con matices, resuena hoy en diversas latitudes.
En la actualidad, Chile se encuentra frente a un escenario preocupante que evoca los ecos de Marienthal. Las cifras del trimestre julio-septiembre de 2026 muestran que la desocupación ha escalado a un 9,8%, su nivel más alto en cinco años, con un millón 7 mil 976 personas sin empleo. Esta barrera del millón de desocupados no se superaba desde 1986, si se excluyen los periodos más agudos de la pandemia, lo que subraya la severidad y la inusual persistencia de la actual crisis laboral en la nación sudamericana.
El análisis detallado de la composición del desempleo revela una situación aún más crítica. El segmento juvenil, en particular, afronta una desocupación alarmante del 24,4%, cifra que asciende al 26,8% entre las mujeres jóvenes. Asimismo, la tasa de desempleo femenina general ha permanecido por encima del 10% durante siete mediciones consecutivas. En el otro extremo generacional, los mayores de 50 años, aunque con una tasa aparentemente menor, tardan en promedio más de once meses en reinsertarse laboralmente, mientras que los desocupados de larga duración (quienes llevan un año o más buscando trabajo) se han duplicado desde 2014, constituyendo ya cerca de uno de cada cinco desempleados.
Esta persistencia y concentración en grupos específicos sugieren que el problema ha trascendido una mera coyuntura económica para transformarse en un desafío estructural. El propio Banco Central de Chile estimó en septiembre de 2026 que la tasa de desempleo estructural del país ha aumentado entre uno y dos puntos porcentuales desde la pandemia. Esto significa que incluso con un eventual repunte de la actividad económica, la recuperación del empleo no será automática ni rápida, señalando una desalineación fundamental entre las habilidades disponibles y las demandas del mercado laboral.
Las implicaciones de esta realidad económica se manifiestan directamente en el ámbito político y social. La última encuesta Cadem arrojó una aprobación gubernamental en el 26%, su mínimo histórico, mientras que el 71% de la población se declara preocupada por la estabilidad de su empleo o el del jefe de hogar, la cifra más alta desde enero de 2025. Un abrumador 92% evalúa negativamente la situación laboral y el 68% se muestra pesimista respecto al futuro del país, reflejando una profunda desconfianza y ansiedad colectiva ante la incertidumbre económica.
La inquietud por la estabilidad laboral tiene un efecto directo y multiplicador en la economía. Un hogar que teme perder su fuente de ingresos pospone decisiones de consumo significativas, como la compra de vehículos o electrodomésticos, y evita solicitar créditos. Esta postergación generalizada se traduce en una reducción del consumo agregado, una disminución en las ventas minoristas y, consecuentemente, una menor recaudación tributaria por concepto de IVA para un fisco que ya opera con un presupuesto ajustado. El desempleo, por lo tanto, deja de ser una mera consecuencia para convertirse en un motor activo de la desaceleración económica.
El Gobierno ha intentado responder a esta crisis. El ‘Plan de Emergencia Laboral’ lanzado a fines de septiembre, que contempla 75 mil cupos de subsidio al empleo, obras públicas y proyectos de vivienda, busca generar más de 100 mil puestos de trabajo con efecto a inicios de 2027, según proyecciones ministeriales. Sin embargo, el calendario de implementación de estas medidas plantea un desafío significativo: la postulación a subsidios cierra en noviembre y los beneficios duran solo hasta marzo, mientras que las reformas estructurales necesarias, admiten las propias autoridades, rendirán frutos en trimestres, no en semanas.
La urgencia de la situación demanda una agenda de cortísimo plazo, caracterizada por la ejecución inmediata y eficiente. Esto implica acelerar cada obra ya licitada, implementar dobles y triples turnos donde sea factible, asegurar que los subsidios a la contratación lleguen a los empleadores en semanas y no en meses, y que estén focalizados en jóvenes, mujeres y desempleados de larga duración. Es fundamental establecer un seguimiento público, semanal y medible del avance de estas iniciativas, no con fines electorales, sino porque cada puesto de trabajo recuperado hoy tiene un valor exponencialmente mayor que promesas a mediano o largo plazo.
El beneficio de abordar esta crisis es doble y fundamental. Cada empleo que se recupera inyecta nuevamente consumo en la economía, recompone la recaudación fiscal, frena la caída de las expectativas y devuelve a un hogar la capacidad de planificar su futuro con certidumbre. La lección de Marienthal es clara: el desempleo prolongado no fomenta la radicalización inmediata, sino que ‘apaga’ el espíritu. Una nación con su espíritu apagado no consume, no invierte ni confía en su porvenir, comprometiendo su cohesión social y su potencial de desarrollo.
En los próximos meses, la administración debería consolidar una prioridad singular y repetirla con la contundencia que exige la situación. Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
