A veinticinco años del trágico 11 de septiembre de 2001, la política exterior de Estados Unidos ha configurado un nuevo orden global, caracterizado por una respuesta que trascendió la eliminación de la organización responsable de los ataques para desembocar en una ‘Guerra contra el terrorismo’ de alcance mundial. Este giro estratégico no solo redefinió la seguridad nacional estadounidense, sino que también impuso una dicotomía estricta en las relaciones internacionales, gestando una era donde la neutralidad se percibió como una opción insostenible. Esta nueva postura se ha manifestado con particular intensidad en la esfera regional, donde la ‘alineación incondicional’ de ciertos países con Washington se ha convertido en un eje central de la configuración geopolítica actual.
La declaración del entonces presidente George W. Bush, ‘O estás con nosotros, o estás con los terroristas’, encapsuló la esencia de esta nueva doctrina, marcando el fin de la ambigüedad en el espectro internacional. La ‘Guerra contra el terrorismo’ subsiguiente legitimó una expansión sin precedentes de los poderes ejecutivos, acompañada de una vasta infraestructura de vigilancia y control territorial, así como de la estigmatización de la migración y el auge de la ciberseguridad. Este contexto global de inestabilidad, que se inauguró con el siglo XXI, ha transformado las dinámicas democráticas, permitiendo que rasgos autoritarios, antes atribuidos solo a regímenes externos, comiencen a manifestarse dentro de las propias democracias occidentales, a menudo con el respaldo de corporaciones tecnológicas con creciente influencia político-militar.
En este escenario, América Latina ha resurgido como un epicentro de disputa geopolítica de importancia crítica para Washington, particularmente en su competencia estratégica con China. La región, rica en minerales críticos y tierras raras, se ha convertido en un tablero donde se juega el control de rutas marítimas y comerciales vitales, especialmente en el Pacífico, que sirve como canal directo hacia Asia Oriental. La retórica del ‘narcoterrorismo’ ha funcionado, en este contexto, como una justificación recurrente para la intervención militar y la proyección de influencia estadounidense, buscando consolidar su dominio hegemónico en el hemisferio occidental frente a la creciente presencia económica y diplomática de Pekín.
La reciente visita del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a países como Colombia, Ecuador y Perú, subraya la relevancia de esta agenda. Con el programa ‘Escudo de las Américas’ como estandarte, se busca fortalecer la cooperación militar y de seguridad bajo el prisma del combate al narcoterrorismo, revitalizando alianzas históricas. Colombia, en particular, ha sido históricamente un aliado estratégico clave, como lo demostró el ‘Plan Colombia’ a principios de los años 2000, que la convirtió en el principal receptor de ayuda militar estadounidense en la región, cimentando una relación de mutua dependencia en la esfera de la seguridad.
Sin embargo, esta ‘alineación incondicional’ tiene profundas implicaciones para la soberanía nacional y el rol de los países latinoamericanos en el concierto internacional. La posible cesión de control territorial en aras de la cooperación en seguridad plantea serios interrogantes sobre la autonomía en la toma de decisiones. Un ejemplo palpable de esta presión es la postura de altos funcionarios estadounidenses, como Marco Rubio, al criticar y amenazar con ‘desmantelar’ la Corte Penal Internacional (CPI), una institución clave para la justicia global en crímenes de guerra, genocidio y agresión, a la que se le han impuesto sanciones a sus funcionarios, como se ha reportado.
La adhesión a esta agenda por parte de algunos gobiernos latinoamericanos, como la anunciada intención del presidente De la Espriella de retirar a Colombia de la CPI, siguiendo la línea de la administración estadounidense (evidenciada por el retiro de Estados Unidos de múltiples organismos de la ONU durante la presidencia de Donald Trump), plantea un riesgo significativo para los derechos de las víctimas de conflictos armados y para el ordenamiento jurídico internacional. En un contexto donde la imposición del orden por la fuerza puede exacerbar los conflictos internos y afectar a la población civil, la ausencia de salvaguardas internacionales se vuelve una urgencia inaplazable. La subordinación de principios fundamentales como la soberanía nacional y los derechos humanos a una estrategia geopolítica de ‘alineación incondicional’ merece un análisis riguroso y una profunda reflexión sobre sus consecuencias a largo plazo.
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