La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha orquestado en Ciudad de México, del 20 al 22 de octubre de 2026, un encuentro pivotal entre autoridades de salud y finanzas de diecinueve Estados Miembros de América Latina. Este taller, que contó con la colaboración de prestigiosas instituciones como Economics for Health, el Institute for Global Tobacco Control de la Universidad Johns Hopkins, el Banco Mundial y Tabaconomía, se centró en la imperiosa necesidad de fortalecer los Impuestos al Tabaco como una herramienta fiscal indispensable para salvaguardar la salud pública. La iniciativa subraya un compromiso regional concertado para contrarrestar una de las principales amenazas sanitarias globales, buscando transformar el panorama de la prevención de enfermedades no transmisibles mediante políticas fiscales robustas.
La relevancia de esta convocatoria radica en el creciente impacto de las enfermedades no transmisibles (ENT) en la región, las cuales representan una carga desproporcionada en los sistemas de salud y en el desarrollo socioeconómico. El consumo de tabaco se erige como un factor de riesgo evitable para una multitud de estas afecciones, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer, padecimientos respiratorios crónicos y diabetes. A pesar de la contundente evidencia científica que avala la eficacia de la fiscalidad del tabaco para reducir su consumo y, por ende, la incidencia de ENT, esta medida continúa siendo ‘subutilizada’ en gran parte de América, lo que denota una brecha crítica entre el conocimiento y la acción política efectiva.
El enfoque multisectorial adoptado por la OPS para abordar la prevención y control de las ENT es un eje central de esta estrategia. La convergencia de los ministerios de salud y finanzas en un mismo espacio de diálogo es fundamental, pues la implementación de impuestos al tabaco requiere una comprensión profunda tanto de las implicaciones sanitarias como de los mecanismos económicos y fiscales. La participación de organismos internacionales, la academia y organizaciones de la sociedad civil en este taller bienal, que se celebra desde 2014, potencia el intercambio de ‘mejores prácticas’ y fomenta una gobernanza integrada y coherente, desmantelando silos tradicionales en la formulación de políticas públicas.
Si bien el camino hacia una fiscalidad del tabaco óptima es extenso, la región ha mostrado señales de progreso. En los últimos dos años, países como Brasil, Dominica, Jamaica, México y Trinidad y Tobago han implementado incrementos en sus gravámenes, mientras que la República Dominicana ha ampliado el espectro de productos sujetos a imposición. Estos avances, aunque heterogéneos, ofrecen valiosas lecciones sobre los desafíos inherentes a la resistencia de la industria tabacalera y la complejidad de construir consensos políticos. La experiencia compartida en estos foros es crucial para adaptar las estrategias exitosas a las realidades económicas y sociales diversas de cada nación.
Las recomendaciones de la OPS, ancladas en la evidencia y alineadas con el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), delinean una hoja de ruta clara para potenciar el impacto en salud de estos impuestos. Entre ellas destacan la imposición de gravámenes que representen al menos el 75% del precio final, el uso predominante de impuestos específicos sobre los ‘ad valorem’ para influir más directamente en los precios, el ajuste automático por inflación y la inclusión de productos nuevos y emergentes de tabaco y nicotina. Adicionalmente, el taller abordó la crucial cuestión del comercio ilícito, a menudo esgrimido por la industria como argumento contra el aumento de impuestos, y la necesidad de una administración tributaria fortalecida para combatir esta práctica.
El desafío que afronta América Latina en esta materia es significativo, pero la oportunidad de generar un cambio duradero en la salud pública es igualmente vasta. La OPS, junto a sus aliados estratégicos, se compromete a continuar facilitando estos diálogos, fortaleciendo las capacidades técnicas de los Estados Miembros y asegurando que la evidencia científica sea el pilar de las decisiones políticas. Este esfuerzo concertado busca no solo reducir la prevalencia del tabaquismo, sino también forjar sociedades más saludables y resilientes, donde la prevención prevalezca sobre la enfermedad y la inversión en bienestar sea una prioridad irrenunciable.
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