La reciente resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en favor de Gloria Trevi marca un hito significativo en la pugna entre los derechos de imagen de las figuras públicas y la libertad editorial. En 2024, la reconocida artista interpuso una demanda contra la editorial Penguin Random House y la autora Karla de la Cuesta por el uso no autorizado de su nombre e imagen en el libro ‘Todo a la luz: El caso criminal que México dejó en la oscuridad’. Este litigio subraya la creciente tensión en el panorama mediático global, donde la explotación comercial de la identidad personal colisiona con las prerrogativas de la prensa y la literatura.
El organismo regulador, en su fallo de julio, impuso una multa de 540 mil pesos a la casa editorial, además de establecer un plazo perentorio de 15 días para resarcir el daño. Esta decisión se fundamenta en la utilización con fines de lucro de fotografías y el nombre de la cantante sin su consentimiento expreso. Contrario a ciertas interpretaciones que sugieren una afectación a la ‘libertad de expresión’, el abogado Iván Báez, especialista en derechos humanos y libertad de expresión, ha precisado que la medida no constituye censura, sino la protección de un derecho previamente establecido en la ley: el derecho a la propia imagen en el ámbito comercial.
La distinción entre censura previa y regulación post-publicación es crucial en este contexto jurídico. La censura implica una prohibición radical de difusión antes de que el contenido vea la luz. En este caso, el libro circuló y generó debate público, lo que demuestra la ausencia de una restricción inicial. La intervención del IMPI se concentra, en cambio, en la explotación comercial de la imagen de una persona sin su autorización, un principio que es universalmente reconocido en la legislación de propiedad intelectual y de derechos de personalidad en diversas jurisdicciones.
En efecto, el derecho a la propia imagen, especialmente para figuras públicas cuya identidad es un activo comercial, es un pilar de la legislación moderna. Este derecho permite a los individuos controlar el uso de su apariencia y nombre con fines publicitarios o comerciales, separándolo de la crítica o la información periodística que no persigue un beneficio directo de la imagen misma. La normativa busca equilibrar el interés público en la información con la protección de los derechos individuales frente a usos indebidos y lucrativos, un balance delicado que varía ligeramente entre sistemas legales, pero cuya esencia es compartida.
Resulta pertinente recordar el antecedente judicial de Gloria Trevi, quien en septiembre de 2004 fue absuelta y exonerada de los cargos de violación agravada, rapto y corrupción de menores. Este hecho histórico es fundamental para comprender la sensibilidad de la artista ante el uso de su nombre en un contexto que, a su juicio, revive estigmas superados legalmente y persigue un objetivo de ‘desprestigio’. La cantante ha manifestado su apoyo a la libertad de expresión, pero con la condición innegociable de que no se propaguen falsedades o acusaciones ya desestimadas por la justicia.
La editorial, por su parte, argumenta que la publicación es de interés público, que su contenido se basa en expedientes judiciales y que la condición de figura pública de Trevi ampara las referencias hacia ella bajo la Ley Federal de Derecho de Autor. Sin embargo, estas defensas a menudo se encuentran con el límite de la explotación comercial directa de la imagen del individuo. El uso de la fotografía de la artista en la portada del libro y en su campaña de promoción sin licencia, según la perspectiva del IMPI y del especialista Báez, trascendió el mero interés informativo para incurrir en una infracción de los derechos de personalidad con ánimo de lucro.
Este dictamen del IMPI no solo afecta a las partes involucradas, sino que sienta un precedente importante para la industria editorial y para cualquier entidad que utilice la imagen de personalidades públicas. Es un llamado a la revisión de prácticas editoriales y de marketing que podrían vulnerar los derechos de propiedad intelectual y de imagen. La resolución enfatiza la necesidad de un escrupuloso respeto por el marco legal, garantizando la libre circulación de ideas y obras, pero también la protección de la integridad y los activos intangibles de los individuos. El debate sobre cómo armonizar estos principios seguirá siendo un desafío en la era digital.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
