La economía mexicana ha experimentado una profunda transformación en el panorama laboral post-pandemia, evidenciando un notable repunte en el sector del autoempleo. Los datos de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 revelan que el trabajo independiente fue la única categoría ocupacional que mostró un crecimiento significativo, pasando de representar el 21.3% al 24.0% de la población ocupada en tan solo cinco años. Este fenómeno, si bien podría interpretarse superficialmente como una señal de dinamismo emprendedor, se presenta, según organismos internacionales como la OIT, más bien como un ‘amortiguador’ frente a la insuficiente demanda de empleo asalariado, sugiriendo un escenario de precariedad subyacente.
Este patrón de expansión del autoempleo en un contexto de contracción de otras formas de ocupación no es exclusivo de México, sino que resuena con tendencias observadas en diversas economías en desarrollo tras crisis económicas. Mientras el trabajo asalariado se redujo del 72.0% al 70.5% y la proporción de empleadores descendió del 3.1% al 2.7%, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado consistentemente que el trabajo por cuenta propia en la región latinoamericana tiende a concentrarse en ocupaciones de menor productividad, elevadas tasas de informalidad y condiciones laborales a menudo más precarias.
Contrario a la narrativa popular que atribuye el auge del autoempleo entre los jóvenes a un deseo inherente de autonomía o a la búsqueda de ser ‘sus propios jefes’, estudios como la Encuesta Nacional de Egresados (ENE) de la UVM desvelan una realidad menos idílica. Cerca de una cuarta parte de los jóvenes que optan por esta modalidad lo hacen fundamentalmente por la carencia de oportunidades en el mercado laboral formal, lo que transforma una aparente elección en una imperiosa necesidad. Esto plantea interrogantes críticos sobre la capacidad del sistema educativo para alinear las habilidades profesionales con las demandas de un mercado laboral en constante evolución.
La problemática se acentúa dramáticamente en segmentos demográficos de mayor edad, donde el autoempleo se configura como un verdadero refugio ante el ‘edadismo’. Los datos del INEGI evidencian que la proporción de personas en autoempleo se duplica entre los 45 y 59 años y se triplica en el rango de 60 a 74 años, en comparación con los jóvenes de 18 a 29 años. Un estudio de Rankmi, ‘Economía plateada’, ha posicionado a México como el país de Latinoamérica que más penaliza la edad en el ámbito laboral, con una drástica reducción de las oportunidades de empleo formal para mayores de 40 y, especialmente, de 50 años, forzándolos a la auto-ocupación.
Las disparidades geográficas dentro de México subrayan aún más la naturaleza de esta tendencia. Estados como la Ciudad de México y el Estado de México registran porcentajes de autoempleo por encima de la media nacional. Sin embargo, el Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO revela que la mayoría de estas entidades presentan un bajo desempeño en el subíndice de mercado de trabajo, caracterizado por una alta prevalencia de informalidad, ingresos modestos y una menor formación del capital humano. Esto sugiere que el mayor número de trabajadores independientes no necesariamente correlaciona con mercados laborales dinámicos y de alta calidad, sino más bien con entornos de subsistencia.
La consolidación del autoempleo impulsado por la necesidad tiene profundas implicaciones para la estabilidad económica y social del país. Un sector informal robusto y un creciente número de trabajadores sin acceso a prestaciones laborales, seguridad social ni mecanismos de ahorro para el retiro, representan un desafío estructural para el desarrollo a largo plazo. Esta situación no solo genera una mayor vulnerabilidad económica para los individuos, sino que también limita la capacidad del Estado para recaudar impuestos y financiar programas sociales esenciales, perpetuando círculos de precariedad en lugar de fomentar la movilidad social y el bienestar general.
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