El reciente asesinato de Susy Aponte, destacada periodista y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, ha conmocionado a Perú y ha encendido las alarmas sobre la seguridad de quienes ejercen el periodismo y participan en la vida política. Aponte, de 44 años, fue brutalmente atacada a balazos mientras realizaba un acto de campaña en un mercado de Caraz, un suceso que ha dejado a cinco personas heridas y a un ciudadano venezolano bajo custodia policial. Este trágico evento subraya la creciente vulnerabilidad de la Periodista y Candidata en contextos donde la corrupción y el crimen organizado pueden entrelazarse con los procesos democráticos.
La trayectoria profesional de Susy Aponte la había posicionado como una figura incómoda para ciertos poderes. A través de su portal informativo, ‘China Polo Dominical’, Aponte se dedicaba a divulgar denuncias de presuntas irregularidades y casos de corrupción dentro de la fuerza policial. Esta labor de fiscalización ciudadana, fundamental para cualquier democracia, la había expuesto a graves riesgos, como lo evidenciaron las amenazas que reportó haber recibido desde prisiones días antes de su muerte. Este historial sugiere un móvil potencialmente vinculado a su incisiva labor periodística, lo que agrava las implicaciones de su partida.
El lamentable suceso no es un hecho aislado en el panorama regional. Latinoamérica, y Perú en particular, han sido señalados por organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) como zonas de alto riesgo para los comunicadores. La cifra de cuatro periodistas asesinados en Perú durante 2025, según datos policiales, es un sombrío recordatorio de que la libertad de prensa y la seguridad de quienes la ejercen están bajo constante amenaza. Estos crímenes, a menudo impunes, crean un efecto amedrentador que silencia voces críticas y debilita el tejido democrático.
La candidatura de Aponte a un cargo regional añade otra capa de complejidad y preocupación. Las elecciones subnacionales, que en este caso estaban programadas para el 4 de octubre, son cruciales para la gobernanza y el desarrollo local, pero también pueden convertirse en escenarios de intensa disputa y violencia. Los cargos regionales a menudo controlan presupuestos significativos y tienen injerencia directa en proyectos de infraestructura y recursos naturales, lo que los convierte en objetivos para redes criminales o grupos de interés que buscan perpetuar esquemas de corrupción. La participación de periodistas en la política, aunque vital para una sociedad informada, lamentablemente incrementa su exposición al peligro.
La respuesta institucional ante este tipo de crímenes es determinante para la credibilidad del Estado de derecho. El Consejo de la Prensa Peruana ha exigido una investigación exhaustiva, haciendo hincapié en que otros casos de asesinatos de comunicadores han permanecido sin esclarecer. La impunidad no solo deniega justicia a las víctimas y sus familias, sino que también envía un mensaje peligroso: que la violencia contra quienes buscan la verdad y exponen la corrupción puede quedar sin castigo. Esto socava la confianza pública en las instituciones y fomenta un ciclo de violencia y miedo que erosiona los cimientos de cualquier sociedad democrática.
Este crimen en Áncash exige una investigación rigurosa, transparente y expeditiva que identifique a los autores materiales e intelectuales, y revele los verdaderos móviles. Solo así se podrá enviar una señal contundente contra la impunidad y reafirmar el compromiso de Perú con la protección de la libertad de expresión y la integridad de sus procesos electorales. La comunidad internacional observa atentamente, esperando que este trágico episodio no se convierta en una estadística más de la violencia que busca silenciar la verdad.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.