La República de Colombia se encuentra nuevamente ante el espectro de un racionamiento de energía, una sombra que evoca memorias del traumático ‘apagón’ de 1992. Los análisis actuales de expertos señalan que, si bien el riesgo es palpable, puede ser mitigado mediante la implementación de decisiones estratégicas y urgentes. A la fecha del 21 de agosto de 2026, el nivel de los embalses se situaba en un 79,40%, una cifra que, aunque no crítica, plantea un escenario de preocupación ante un eventual déficit de energía firme que podría alcanzar hasta un 2,4% en los próximos meses, especialmente por la inminencia de un Fenómeno de El Niño. Este contexto subraya la necesidad de una acción gubernamental y empresarial coordinada para fortalecer la generación y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y evitar una crisis energética.
Un pilar fundamental para conjurar esta amenaza reside en la solidez financiera del sistema. El sector enfrenta una deuda sustancial de Air-e, que asciende a 3,3 billones de pesos colombianos, de los cuales 2,1 billones corresponden directamente a las plantas térmicas. Esta situación compromete gravemente la capacidad de estas generadoras para financiar la adquisición de combustibles vitales. La magnitud de esta obligación, que crece exponencialmente, obstaculiza la liquidez necesaria para la compra mensual de carbón, gas y otros combustibles líquidos, estimados en 1,5 billones de pesos, lo cual es indispensable para la operación continua durante periodos de baja hidrología.
Las plantas térmicas son cruciales para la matriz energética colombiana, actuando como respaldo indispensable frente a la variabilidad de la generación hidroeléctrica, la cual constituye la espina dorsal del suministro. La incapacidad de estas plantas para asegurar sus insumos debido a la falta de liquidez podría tener repercusiones devastadoras. Expertos como Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, han advertido sobre la urgencia de que el Gobierno Nacional inyecte recursos para detener el crecimiento de esta deuda y asegurar que el parque térmico esté plenamente operativo. La inversión en estas infraestructuras no solo es una cuestión de capacidad, sino de resiliencia operativa.
Paralelamente, la administración de la demanda emerge como una estrategia ineludible. Se propone la implementación inmediata de un programa de ahorro energético que incentive la reducción del consumo y penalice el uso excesivo. Este esquema, similar al exitoso ‘Apagar Paga’ de 2016, buscaría moderar el ritmo de crecimiento de la demanda eléctrica. La preocupación radica en que, si el consumo persiste en su trayectoria ascendente, el país podría agotar sus reservas hídricas hacia marzo o abril de 2027, profundizando el déficit de energía firme y acercándose peligrosamente a un racionamiento. La concienciación ciudadana, combinada con incentivos claros, se perfila como un factor determinante.
Una tercera prioridad se centra en la incorporación acelerada de toda la capacidad de generación disponible en el corto plazo, dada la imposibilidad de construir grandes centrales en poco tiempo. Esto implica aprovechar los excedentes de energía de la autogeneración industrial, creando mecanismos para que las empresas puedan vender el remanente a la red. Asimismo, se plantea la ingeniosa solución de utilizar temporalmente puntos de conexión de plantas solares para otras fuentes de generación, como motores diésel, durante las horas sin producción fotovoltaica. Estas medidas buscan optimizar la infraestructura existente y sumar megavatios al sistema sin depender de proyectos de largo aliento.
La disponibilidad ininterrumpida de combustibles es un factor crítico, especialmente porque las plantas térmicas asumirán un rol protagónico ante la disminución de aportes hídricos. La logística para el transporte de carbón, gas natural y combustibles líquidos debe ser garantizada, evitando interrupciones por bloqueos o problemas de seguridad. Adicionalmente, se subraya la necesidad de mantener operativas las plantas de importación de gas y asegurar nuevas capacidades, como las proyectadas para Buenaventura, la ampliación de Spec y Puerto Bahía. Estas infraestructuras son clave no solo para la demanda industrial y residencial, sino también para permitir que las térmicas accedan a un suministro energético estable.
Finalmente, la aceleración de la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión es imperativa. Los obstáculos regulatorios, ambientales y prediales han provocado significativos retrasos: a julio de 2026, solo el 14,9% de los 4.475 MW previstos habían entrado en funcionamiento, y el 60% de los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional también mostraban demoras. La puesta en marcha de iniciativas estratégicas, como las líneas Sogamoso–Norte–Nueva Esperanza 500 kV y Chivor–Norte–Bacatá, incrementaría la flexibilidad del sistema y reduciría el riesgo de déficit de potencia, particularmente en la región oriental, donde se concentra una parte significativa de la demanda nacional.
La gestión proactiva de las reservas hídricas de los embalses es otro componente esencial. Expertos sugieren una administración anticipada durante la temporada de lluvias de 2026, con el objetivo de asegurar que los niveles agregados superen el 80% antes del inicio del verano energético de 2027. Esto requiere un monitoreo continuo de los aportes hídricos, una constante actualización de las restricciones operativas de los embalses y una vigilancia estricta de la demanda para poder anticipar y responder eficazmente a cualquier escenario de déficit. Un uso prudente del recurso hídrico hoy puede prevenir escasez mañana.
En síntesis, la superación del inminente Fenómeno de El Niño y la prevención de un racionamiento demandan una visión integral que combine la ejecución diligente de estas medidas a corto plazo con una estrategia robusta de seguridad energética a largo plazo. El país debe fortalecer la producción e inversión en gas, incentivar nuevas inversiones en generación y petróleo, y dinamizar el sector minero, considerado un apalancador fundamental del crecimiento económico. Solo una política energética coherente y decidida garantizará la estabilidad del suministro y la competitividad económica de Colombia en el escenario internacional.
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