Estados Unidos ha implementado una nueva fase en su política de control migratorio, utilizando a Guatemala y Honduras como puntos de tránsito para ciudadanos mexicanos deportados, una práctica que marca un significativo alejamiento de los procedimientos habituales. Esta medida, confirmada por autoridades centroamericanas y el gobierno mexicano, introduce una dinámica compleja en la ya tensa relación migratoria regional, redefiniendo la logística de la Deportación Mexicanos y el rol de terceros países.
Históricamente, los procesos de deportación de México desde Estados Unidos se gestionaban directamente, con vuelos o traslados terrestres que regresaban a los individuos a su país de origen. El cambio actual, que redirecciona a miles de mexicanos a través de naciones como Guatemala y Honduras, no solo complica el retorno de estos ciudadanos, sino que también genera un precedente en la gestión de flujos migratorios forzados en la región, añadiendo capas de burocracia y potenciales riesgos para los deportados.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, detalló que 2,284 mexicanos han arribado a su nación en 2026 bajo esta modalidad de tránsito, permaneciendo en Guatemala solo el tiempo necesario para coordinar su reingreso a México vía terrestre. Estos vuelos, que a menudo transportan también a ciudadanos guatemaltecos, implican una compleja coordinación intergubernamental y, según Arévalo, sus costos son asumidos por el Gobierno de México o mediante financiamiento estadounidense, subrayando la multilateralidad de esta operación.
La extensión de esta práctica a Honduras demuestra una estrategia regional más amplia por parte de Washington. Documentos oficiales y reportes de organizaciones como Third Country Deportation Watch indican que al menos 82 mexicanos fueron deportados a San Pedro Sula en agosto, sumándose a otros 165 entre mayo y julio. Estas cifras, aunque menores a las de Guatemala, confirman una expansión deliberada de la ruta de deportación a través de Centroamérica, generando preocupación por la seguridad y los derechos de los migrantes.
Desde la perspectiva de Washington, la justificación de esta política reside en su objetivo de disuadir intentos de reingreso a territorio estadounidense por parte de los deportados. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido esta estrategia como parte de la promesa presidencial de llevar a cabo ‘la mayor operación de deportación de la historia’. Sin embargo, para el gobierno mexicano, esta medida es vista como innecesaria y gravosa para sus ciudadanos, que enfrentan un trayecto extendido y burocrático para volver a casa.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights First, han señalado que esta práctica podría ser una herramienta de presión política sobre el gobierno mexicano, con la intención de que este intensifique sus propias medidas para evitar el cruce ilegal de sus ciudadanos hacia el norte. Esta dimensión política añade una capa de complejidad a las ya intrincadas relaciones bilaterales, transformando la dinámica migratoria en un instrumento de negociación geopolítica con implicaciones humanitarias.
En síntesis, la utilización de Guatemala y Honduras como escalas para la deportación de mexicanos representa un cambio fundamental en la política migratoria de Estados Unidos, con profundas ramificaciones regionales. No solo redefine la logística de los retornos, sino que también pone a prueba la cooperación y la capacidad de los gobiernos centroamericanos, generando una nueva disputa diplomática con México y elevando el escrutinio sobre el respeto a los derechos humanos de los migrantes en tránsito.
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