La administración de Claudia Sheinbaum ha refrendado su postura de evaluar la viabilidad de la fracturación hidráulica, conocida popularmente como ‘fracking’, en el norte de México, a pesar de las significativas advertencias sobre sus potenciales impactos ambientales. Esta decisión representa un giro notable respecto a las promesas de campaña de la actual presidenta, quien en 2024 se había comprometido a no permitir esta técnica. El respaldo surge tras la presentación de un informe por parte de un comité científico que, aunque reconoce los riesgos inherentes, recomienda proseguir con estudios exploratorios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas estratégicamente en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, regiones con un considerable potencial de hidrocarburos no convencionales.
La fracturación hidráulica es un método de extracción que implica inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos en formaciones rocosas subterráneas, como las lutitas, para liberar gas natural o petróleo atrapado. Globalmente, esta técnica ha sido objeto de intenso debate, con defensores que la señalan como clave para la independencia energética y críticos que alertan sobre la contaminación de acuíferos, la inducción de microsismos y, de manera crucial para México, el consumo masivo de agua. El investigador José Antonio Hernández Espriú, de la UNAM, destacó la alarmante cifra de entre 50.000 y 70.000 metros cúbicos de agua requeridos por pozo de fracturamiento, un volumen que adquiere una dimensión crítica en las zonas áridas y semiáridas del norte mexicano, ya de por sí bajo estrés hídrico.
La motivación detrás de esta reevaluación es principalmente económica y de seguridad energética. México importa aproximadamente el 75% del gas natural que consume, con una dependencia significativa de los Estados Unidos. Aunque el Gobierno ha impulsado las energías renovables y la optimización de la producción convencional, se estima que estos esfuerzos solo reducirán la dependencia a un 50%. La presidenta Sheinbaum argumenta que, para disminuir aún más esta vulnerabilidad energética, es imperativo considerar los yacimientos no convencionales de forma ‘responsable’, buscando un equilibrio entre las necesidades del país y la sostenibilidad ambiental. Esta disyuntiva refleja una compleja realidad geopolítica, donde la autosuficiencia energética a menudo colisiona con los compromisos climáticos.
El comité científico, conformado por 54 expertos, no solo propuso la exploración, sino que también estableció una serie de condiciones estrictas para cualquier eventual implementación. Entre las recomendaciones se incluye el uso preferente de agua salada de formaciones rocosas subterráneas en lugar de agua dulce, el reciclaje de al menos el 75% del agua empleada, la prohibición de sustancias altamente tóxicas, un monitoreo continuo de los acuíferos y la realización de una consulta previa, libre e informada a las comunidades locales antes de cualquier operación. Estas salvaguardas buscan mitigar los riesgos inherentes, aunque su implementación y efectividad a gran escala plantean desafíos técnicos, económicos y sociales considerables.
La postura actual de Sheinbaum subraya la intrincada realidad de gobernar en un contexto de crisis climática y energética. Antaño defensora de políticas ambientales restrictivas y opositora acérrima del fracking, su administración se ve ahora confrontada con la necesidad de garantizar el suministro energético de la nación. La prohibición de la técnica en la cuenca Tampico-Misantla mediante decreto, como también recomendó el comité, demuestra una diferenciación regional en la política, reconociendo la diversidad geológica y los distintos niveles de riesgo en el territorio nacional. Sin embargo, esta aparente flexibilidad ha generado críticas de organizaciones ambientalistas y comunidades, quienes recuerdan las promesas de campaña y los peligros asociados a esta controvertida técnica.
El camino hacia una política energética integral en México, que conjugue la reducción de la dependencia externa con la protección ambiental y los derechos comunitarios, se presenta complejo. La decisión de Sheinbaum de avanzar con la evaluación del `fracking en México`, respaldada por un comité científico, marca un precedente importante en la gestión de recursos naturales y la balanza entre desarrollo y sostenibilidad. La transparencia en los estudios, la rigurosa implementación de las salvaguardas propuestas y la efectiva participación ciudadana serán cruciales para determinar el futuro de esta controvertida técnica en el país y para legitimar las decisiones que se tomen en esta encrucijada energética y ecológica.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
