En un giro significativo de la política exterior estadounidense, el gobierno de Donald Trump ha señalado a Cuba como una de las principales amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este cambio, detallado en un informe de cien páginas publicado el 20 de julio por el Departamento de Estado, coloca a la isla caribeña en una posición que históricamente ocuparon potencias como Irán o China, redefiniendo el espectro de peligros que Washington percibe. El secretario de Estado, Marco Rubio, en un video complementario al lanzamiento del informe, afirmó que ‘prácticamente todos los grupos terroristas violentos y radicales de izquierda en el hemisferio occidental han dependido en algún momento del apoyo de Cuba’, sugiriendo una profunda y persistente campaña de ‘desestabilización interna’.
El documento, titulado ‘Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI’, argumenta que la inteligencia cubana y su ideología comunista representan un peligro inminente para la estabilidad estadounidense, conectando directamente la Revolución Cubana de 1959 con las actuales corrientes políticas de izquierda en EE.UU. Se asevera que Cuba ha operado una sofisticada red de espionaje que ha penetrado los niveles más altos del gobierno norteamericano y ha influenciado a generaciones de activistas. Esta narrativa contrasta fuertemente con la respuesta inmediata del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien desestimó el informe como un ‘mediocre panfleto propagandístico’, acusando a EE.UU. de ser el verdadero espía y agresor histórico.
Históricamente, la influencia de Cuba en los movimientos de izquierda internacional, especialmente en América Latina y África, ha sido un tema de amplio debate. Tras el triunfo de su Revolución en 1959, la isla se posicionó como un ferviente promotor de la ‘subversión de la civilización occidental’, a través de su respaldo a insurgencias y movimientos socialistas que buscaban oponerse a dictaduras de derecha. La Conferencia Tricontinental de 1966 en La Habana, que congregó a movimientos radicales armados y no armados, es un ejemplo fehaciente de esta articulación, sirviendo como plataforma para lo que el informe del Departamento de Estado denomina un centro de actividad antiestadounidense.
El informe subraya extensamente las operaciones de espionaje cubanas en EE.UU., citando casos notorios como los de Víctor Manuel Rocha, exembajador estadounidense en Bolivia, y Ana Belén Montes, analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, ambos condenados por actuar como agentes cubanos. El profesor Michael Bustamante, de la Universidad de Miami, ha reconocido que Cuba ha demostrado una capacidad de infiltración en el gobierno estadounidense ‘mucho mayor a la que se esperaría de un país relativamente pequeño’, a menudo cultivando simpatías que llevaron a la cooperación. Sin embargo, Bustamante cuestiona la generalización del informe al sugerir una dirección centralizada, afirmando que es ‘vago en el lenguaje que utiliza cuando aborda cuestiones como la causalidad’.
Más allá del espionaje histórico, el informe del Departamento de Estado intenta vincular a Cuba con una diversidad de movimientos activistas contemporáneos en EE.UU., desde los disturbios de George Floyd hasta el auge de Antifa y el activismo propalestino en campus universitarios. Se acusa a figuras públicas, como el ‘streamer’ Hasan Piker y la activista Isra Hirsi, de participar en ‘turismo revolucionario’ como parte de una campaña cubana. Piker, por ejemplo, fue parte de una comitiva que llevó ayuda humanitaria a Cuba en marzo de este año, denunciando el ‘bloqueo energético’ impuesto por EE.UU. y la consecuente crisis humanitaria en la isla. Si bien Bustamante admite que estos viajes pueden ser ‘puesta en escena política’ para el gobierno cubano, recalca que ‘eso es muy diferente al espionaje’, alertando sobre la peligrosa confusión entre ambos conceptos en el informe.
La actual crisis energética de Cuba, exacerbada por la interrupción del suministro petrolero venezolano y las amenazas arancelarias de EE.UU. a países que abastezcan a la isla, ha sumido al país en extensos apagones y un colapso del sistema eléctrico, afectando gravemente los servicios básicos y la calidad de vida. Esta situación ha llevado a opositores del bloqueo, incluidos los activistas mencionados en el informe, a calificar las medidas estadounidenses como ‘castigo colectivo’, una práctica prohibida por el derecho internacional. La urgencia humanitaria contrasta con la narrativa del informe que, según críticos, busca demonizar cualquier apoyo o simpatía hacia la isla.
La temporalidad de este informe genera interrogantes sobre las verdaderas intenciones de la administración Trump. Michael Bustamante sugiere que su publicación responde a un ‘componente de política interna’ en EE.UU., proveyendo ‘munición para debates políticos’ en el contexto de las próximas elecciones de mitad de periodo. Además, el profesor no descarta que esta narrativa de una ‘amenaza para la seguridad nacional’ pudiera estar sentando las bases para futuras operaciones militares o acciones coercitivas, estableciendo un ‘marco narrativo’ similar al empleado anteriormente contra Venezuela. La especulación sobre la presencia de inteligencia china y rusa en Cuba, así como la posible adquisición de drones iraníes, añade capas de complejidad a la geopolítica regional.
Resulta paradójico que el informe pinte a Cuba como una ‘amenaza extremadamente peligrosa’ mientras el propio presidente Trump ha sostenido, en diversas ocasiones, que el gobierno cubano está ‘más frágil que nunca y a punto de derrumbarse’. El documento intenta conciliar esta aparente contradicción al argumentar que ‘confundir la pobreza de Cuba con su falta de peligrosidad es malinterpretar completamente la amenaza’, insistiendo en que su poder siempre ha sido ‘ideológico, subversivo y parasitario’. Sin embargo, esta afirmación es puesta en duda por expertos como Bustamante, quien señala que ‘cualquiera que pase un mínimo de tiempo en la isla tendría serias dudas’ sobre si Cuba representa hoy un modelo de desarrollo alternativo creíble, especialmente considerando las reformas económicas internas y el reconocimiento de sus propios economistas sobre la necesidad de ‘cambios profundos’.
El Departamento de Estado justificó la publicación del informe argumentando que ‘los estrechos vínculos de Cuba con el extremismo de izquierda en Estados Unidos son una de las grandes historias no contadas de los últimos sesenta años’ y que el objetivo es ‘contar esa historia de manera completa por primera vez’. No obstante, el presidente Díaz-Canel ha refutado enfáticamente esta interpretación, afirmando que ‘Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de EE.UU.’, defendiendo las acciones de la Revolución cubana como legítimo derecho a la defensa frente a ‘sucesivas e interminables agresiones’. La tensión diplomática y la guerra narrativa entre ambas naciones continúan intensificándose en un momento crítico de debilidad económica para la isla.
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