En el ámbito de la comunicación gubernamental, una tendencia preocupante ha cobrado fuerza: la sustitución de términos directos por eufemismos para describir situaciones de crisis. Esta práctica, lejos de ser un mero ajuste estilístico, constituye una ‘estrategia del eufemismo’ deliberada que busca mitigar la percepción de gravedad y, consecuentemente, diluir la responsabilidad institucional. Lo que se observa es un patrón donde un ‘descarrilamiento’ se metamorfosea en un ‘movimiento’, un ‘socavón’ se redefine como ‘grieta’, y un ‘apagón’ se presenta como una ‘interrupción del servicio’. Este lenguaje no solo confunde al público, sino que, de forma más insidiosa, obstaculiza la exigencia de rendición de cuentas y la implementación de soluciones efectivas.
La adopción de esta táctica lingüística ha sido recurrente en diversos eventos recientes. Casos como los incidentes ferroviarios en el corredor transístmico de México, donde un descarrilamiento fue minimizado a un simple ‘incidente’ o ‘movimiento’ por altas figuras de gobierno, ilustran la persistencia de esta evasión semántica. Similarmente, los cortes de suministro eléctrico fueron catalogados como ‘interrupciones’ en lugar de ‘apagones’, argumentando distinciones técnicas irrelevantes para el ciudadano afectado. La inundación de Poza Rica, calificada inicialmente de ‘ligero desborde’, cobró un trágico saldo humano que desmintió la ligereza de la descripción oficial. Estos ejemplos no son aislados; dibujan un panorama en el que la primera respuesta ante la adversidad es controlar la narrativa a través de la manipulación verbal, lo que erosiona la confianza pública y posterga la resolución de los problemas subyacentes.
Las implicaciones de esta tergiversación van más allá de la mera desinformación. Al disfrazar la magnitud de los problemas, se compromete la capacidad de las administraciones para diagnosticar con precisión las causas raíz y, por ende, para desarrollar respuestas adecuadas. Si un descarrilamiento no se nombra como tal, ¿cómo se puede investigar eficazmente la infraestructura ferroviaria o los protocolos de seguridad? Si las interrupciones eléctricas no son ‘apagones’, la inversión en infraestructura de generación y distribución podría posponerse indefinidamente. Esta disociación entre el lenguaje oficial y la realidad tangible crea una brecha en la gobernanza, donde las decisiones políticas no se basan en una evaluación transparente y honesta de los hechos, sino en una versión edulcorada que busca proteger la imagen en lugar de salvaguardar el bienestar ciudadano.
Históricamente, la manipulación del lenguaje en contextos políticos ha sido una herramienta poderosa. Desde el ‘doblepiensa’ orwelliano hasta las estrategias de relaciones públicas contemporáneas, el control de la terminología ha servido para modelar la percepción pública y desviar la atención de deficiencias estructurales o errores de gestión. En el contexto actual, la rapidez con la que la información se disemina exige una mayor responsabilidad lingüística por parte de las autoridades. La renuencia a emplear términos precisos para describir desastres o fallas sistémicas no solo denota una falta de transparencia, sino que también sugiere una reticencia a asumir la plena responsabilidad que conlleva el ejercicio del poder público. El escrutinio periodístico y la vigilancia ciudadana se vuelven esenciales para contrarrestar esta ‘estrategia del eufemismo’ y forzar a las autoridades a un discurso basado en la verdad.
En definitiva, la exigencia de llamar a las cosas por su nombre no es una cuestión de purismo lingüístico, sino un pilar fundamental de la rendición de cuentas y la buena gobernanza. Cuando un gobierno elige qué palabra omitir o reemplazar, está implícitamente decidiendo qué preguntas evitar y qué responsabilidades eludir. Acostumbrar a una sociedad a aceptar ‘eventos’ en lugar de descarrilamientos, ‘problemáticas’ en lugar de contaminación y ‘pequeños encharcamientos’ en lugar de inundaciones, implica una pérdida mucho mayor que la del vocabulario; es el silenciamiento progresivo de la capacidad crítica y del hábito de exigir correcciones genuinas. La ‘claridad’ en el lenguaje es, por tanto, un prerrequisito para la ‘claridad’ en la acción y la ‘claridad’ en la justicia. Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
