El presidente Daniel Ortega ha anunciado el fin definitivo de las elecciones en Nicaragua, una medida sin precedentes que formaliza el desmantelamiento de la democracia en el país centroamericano. Tras 25 años de gobierno, 19 de ellos ininterrumpidos, esta decisión posiciona a Nicaragua en una categoría de regímenes donde la participación ciudadana es abolida. Expertos internacionales comparan la situación con ‘la Corea del Norte de América’, reflejando una extrema concentración de poder. La eliminación del voto marca un hito crítico, trascendiendo la mera simulación electoral y consolidando un modelo totalitario.
Este viraje autoritario culmina un proceso gradual pero implacable de desmantelamiento institucional. Desde su retorno al poder en 2007, Ortega orquestó una metódica anulación de contrapesos democráticos. La designación de su esposa, Rosario Murillo, como copresidenta en 2025 y su control sobre el Ejército, sumado al dominio absoluto de los poderes judicial y policial, evidencia una estrategia deliberada para erradicar cualquier disenso y consolidar una autoridad incontestable.
Marina Nord, investigadora del Instituto V-Dem, resalta la singularidad de este evento: ‘El caso de Nicaragua no tiene precedentes, ningún otro país ha anunciado en el siglo XXI que ya no tendrá elecciones’. Esta declaración distingue a Nicaragua de monarquías absolutas o microestados sin sufragio, y de regímenes unipartidistas como China o Cuba, que celebran comicios controlados. La decisión nicaragüense la ubica junto a juntas militares que posponen indefinidamente las urnas, en una preocupante escalada de autoritarismo.
La centralización del poder se extiende a un modelo dinástico. Gerardo Berthin, presidente de Freedom House, traza paralelos con Corea del Norte, destacando la conformación de una estructura de poder familiar. Ocho de los hijos de la pareja presidencial ocupan posiciones estratégicas en el gobierno, configurando un sistema patriarcal y cleptocrático. Este esquema no solo permite la extracción de recursos estatales en beneficio de la familia gobernante, sino que solidifica la sucesión mediante vínculos consanguíneos.
El fenómeno nicaragüense no es un caso aislado, sino parte de una tendencia global de erosión democrática. Autócratas desisten de mantener la apariencia de legitimidad electoral. Kevin Casas Zamora, de IDEA Internacional, señala cómo este ataque a la democracia se manifiesta en el Sur Global, aprovechando la desafección ciudadana para justificar modelos autocráticos. La retórica del capitán Ibrahim Traoré de Burkina Faso, quien descalificó las elecciones como ‘herencia imperialista’, ejemplifica esta nueva fase, impugnando la validez del proceso electoral.
Las consecuencias de esta radicalización son palpables en la erosión de derechos. Freedom House documenta que, en las últimas dos décadas, Nicaragua ha sufrido el mayor retroceso en libertades civiles y derechos políticos en América Latina, un declive superado globalmente solo por Mali. Las recientes decisiones del régimen proyectan un futuro de creciente incertidumbre y potencial inestabilidad. La ausencia de mecanismos electorales y de sucesión transparentes podría desencadenar conflictos internos o derivar en una monarquía de facto, sin una hoja de ruta clara para su gobernabilidad.
La sentencia de Daniel Ortega, pronunciada entre el clamor de sus seguidores, resuena con la célebre frase: ‘Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso’. Nicaragua, al enterrar los últimos vestigios de su sistema democrático, emerge como un sombrío recordatorio de la fragilidad de las instituciones y la persistencia del autoritarismo en el continente. Este evento subraya la importancia crítica de la vigilancia internacional y la defensa de los principios democráticos frente a la consolidación de regímenes que priorizan el poder absoluto.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
