La reciente publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela un descenso en la ‘percepción de inseguridad’ en México, situándose en un 59,8 % durante el segundo trimestre de 2026. Esta cifra, que representa una disminución de 3,4 % respecto al mismo período de 2025, se presenta en el contexto de una administración que reporta una significativa caída del 48 % en los homicidios dolosos en sus primeros 19 meses. Este barómetro es crucial para evaluar la efectividad de las políticas públicas y la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
El dato actual implica que aproximadamente seis de cada diez ciudadanos mayores de 18 años consideran que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje continúa una tendencia a la baja observada en los últimos meses, pues en diciembre de 2025 la percepción se ubicaba en 63,8 %, indicando una reducción sostenida de cuatro a seis meses. Sin embargo, este nivel aún no alcanza el mínimo histórico del 59,1 % registrado en octubre-diciembre de 2023, lo que subraya una persistente volatilidad en la confianza ciudadana, pese a las recientes mejoras.
Resulta paradójico que, a pesar de las cifras oficiales que reportan una notable reducción en los homicidios diarios –pasando de 86,9 en septiembre de 2024 a 51,4 en marzo de 2026–, la percepción de inseguridad haya mostrado un repunte desde 2023 antes de esta reciente caída. Este desfase entre la estadística objetiva y la vivencia subjetiva subraya la complejidad de la seguridad pública. Factores como la visibilidad de otros delitos de alto impacto o la difusión mediática pueden influir desproporcionadamente en el sentir de la población, independientemente de la tasa de homicidios.
La estrategia de seguridad de la actual administración se ha centrado no solo en la reducción de homicidios, sino también en el combate frontal al crimen organizado, evidenciado por la detención de más de 59.500 personas por delitos de alto impacto y la incautación de casi 500 toneladas de droga. Estos operativos reflejan un esfuerzo coordinado para desmantelar estructuras criminales. Sin embargo, la percepción pública también es fuertemente moldeada por la efectividad en la prevención de delitos menores, que directamente impactan la sensación de seguridad cotidiana en las comunidades.
Un aspecto crucial revelado por el Inegi es la persistente brecha de género en la percepción de inseguridad. Un 65,6 % de las mujeres se siente insegura, en contraste con el 52,6 % de los hombres. Esta disparidad destaca la urgente necesidad de políticas de seguridad con perspectiva de género, que atiendan las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres en el espacio público y privado, incluyendo el acoso y la violencia de género, que afectan profundamente su libertad y bienestar.
El análisis geográfico de la ENSU también ofrece valiosa información, mostrando fluctuaciones significativas a nivel municipal. San Pedro Garza García, históricamente uno de los municipios más seguros y prósperos del país, registró un preocupante aumento en la percepción de inseguridad, pasando de 4,4 % a 10,6 %. En contraste, ciudades como Ciudad Nezahualcóyotl, Nuevo Laredo y Zapopan reportaron mejoras sustanciales. Estas variaciones regionales subrayan la heterogeneidad de la efectividad de las estrategias de seguridad y las dinámicas criminales y sociales entre localidades.
En conclusión, si bien el reciente descenso en la percepción de inseguridad en México representa un avance positivo y un posible indicio de la efectividad de ciertas políticas gubernamentales, el camino hacia una seguridad integral aún presenta desafíos considerables. La persistencia de una alta proporción de ciudadanos que se sienten inseguros, la brecha de género y las disparidades regionales demandan un enfoque multidimensional y adaptativo que no solo aborde las cifras delictivas, sino que también restaure la confianza y promueva entornos donde todos los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad.
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