La solicitud de licencia del vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro, tras una grave acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. por sus presuntos nexos con el Crimen Organizado, desata una crisis institucional. Este hecho subraya la profunda infiltración criminal en las estructuras de poder mexicanas. La acción de Castro, en línea con la fiscal Claudia Zulema Sánchez de apartarlo, busca una apariencia de transparencia ante un escándalo de repercusión internacional.
Esta acusación se enmarca en el expediente ‘Estados Unidos contra Guzmán Salazar’, investigación clave sobre ‘Los Chapitos’, facción dominante del Cartel de Sinaloa. El documento señala a diez funcionarios, activos y retirados de Sinaloa, acusados de proteger a líderes criminales y facilitar información crucial. La intervención de EE. UU. subraya su preocupación por el narcotráfico transnacional, cuya corrupción compromete la estabilidad en ambos países.
El rol atribuido a Dámaso Castro es grave: habría usado su cargo desde 2021 para alertar a ‘Los Chapitos’ sobre operativos policiales, incluyendo aquellos con apoyo de agencias estadounidenses. Estas filtraciones permitieron a la organización criminal evadir detenciones y destruir pruebas, garantizando la impunidad. Tal complicidad socava la eficacia antinarcóticos y corroe la esencia del estado de derecho.
Las imputaciones detallan un esquema de sobornos. Castro, identificado como ‘Culiacán Regio’, recibía supuestamente 200,000 pesos mensuales (casi 11,000 dólares). Este sistema de pagos, descrito por la justicia estadounidense, implicaba la distribución mensual de ‘cajas’ de dinero en efectivo junto con listas de funcionarios corruptos. Este patrón de corrupción sistematizada evidencia la vulnerabilidad institucional.
El alcance de estas acusaciones va más allá de Castro. Implica a exdirectores de la Policía de Investigación y Estatal, además de un exsecretario de Seguridad de Culiacán, quienes también figuraban como receptores de sobornos. Esta vasta red ha permitido a ‘Los Chapitos’ traficar drogas y perpetrar actos violentos con impunidad, consolidando un modelo de ‘narcopolítica’ que afecta la gobernanza estatal.
La trayectoria de Castro no está exenta de controversias previas. En 2024, su involucramiento en la difusión de un video sobre el asesinato de Héctor Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue desmentido por la FGR como un ‘montaje’. A pesar del escándalo, que costó el puesto a la entonces fiscal, Castro mantuvo su posición e incluso fue considerado para un ascenso. Este antecedente resalta la persistente falta de rendición de cuentas.
La situación actual demanda una investigación exhaustiva e imparcial para el esclarecimiento de responsabilidades y la depuración del sistema de justicia. Más allá de la presunción de inocencia, la reiteración de acusaciones y la inacción ante controversias previas minan la credibilidad institucional. Este caso representa una oportunidad crucial para México de reafirmar su compromiso con la legalidad y restaurar la confianza en sus estructuras gubernamentales.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
