El 18 de abril del 2025, Marco Suástegui, un reconocido líder social y tenaz opositor a la extorsión en Acapulco, fue asesinado en la emblemática playa Icacos. A un año de este lamentable suceso, la ‘Lucha Contra la Extorsión’ que Suástegui defendió incansablemente sigue sin encontrar justicia. La preocupante liberación del presunto sicario, inicialmente detenido por un delito menor, expone una debilidad institucional endémica que fomenta la impunidad y socava la confianza pública en el sistema judicial mexicano.
Este crimen no es un incidente aislado, sino un sombrío reflejo de la violencia sistémica que asola a los defensores de derechos humanos y ambientales en México y, por extensión, en toda América Latina. La inacción gubernamental, tanto en la protección preventiva de estos líderes como en el esclarecimiento de sus asesinatos, genera un ambiente de vulnerabilidad. La persistente impunidad en casos como el de Suástegui perpetúa un ciclo destructivo que desmoraliza a las comunidades en resistencia.
Marco Suástegui forjó un legado multifacético. Durante más de dos décadas, lideró el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), un movimiento crucial contra un proyecto hidroeléctrico que amenazaba con el despojo de tierras y recursos hídricos a miles de habitantes. Simultáneamente, combatió la extorsión del crimen organizado en la playa Icacos, organizando a los trabajadores turísticos en Tuderpi para resistir las exigencias ilícitas que controlaban este puerto vital.
La sombra de la criminalidad se extiende a presuntas alianzas entre grupos de autodefensa y el crimen organizado, como en el caso de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), señalada por vínculos con ‘Los Rusos’. Esta cooptación se profundiza con la desaparición del hermano de Marco, Vicente Suástegui, en 2021, un suceso que el propio Marco atribuyó a líderes de UPOEG. Esta complejidad subraya cómo las estructuras delictivas se infiltran y corrompen diversos estratos sociales.
La negligencia estatal en la protección de Suástegui es alarmante. A pesar de contar con medidas cautelares de la CIDH y de solicitar en múltiples ocasiones la presencia de la Guardia Nacional, las autoridades desestimaron su ‘riesgo inminente’. Esta omisión es parte de una tendencia nacional: 2025 fue el año más violento para defensores ambientales en México, según el CEMDA, ilustrando la desprotección sistémica de quienes confrontan intereses poderosos y evidenciando una falla en el deber de protección estatal.
La investigación de su homicidio, un año después, se ha caracterizado por graves irregularidades procesales, desde la tardía llegada del Ministerio Público a la escena del crimen hasta la omisión de asegurar grabaciones de seguridad en la concurrida playa Icacos. Estas deficiencias no solo obstaculizan la búsqueda de la verdad, sino que también sugieren una indiferencia institucional. La demanda de justicia para Marco Suástegui permanece como un urgente llamado a la rendición de cuentas y al fin de la impunidad en México. Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
