El Gobierno de México ha intensificado sus esfuerzos para mitigar el impacto de la volatilidad energética global en la economía nacional, implementando un segundo acuerdo clave con distribuidores para contener los precios del diésel. Esta estrategia surge en un contexto de presiones internacionales exacerbadas por conflictos geopolíticos, particularmente en Oriente Medio, que han propiciado un alza sostenida en los costos de los combustibles. La administración mexicana, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca evitar que el diésel, un motor esencial para el transporte de mercancías, alcance cotizaciones que podrían desestabilizar la cadena de suministro y la inflación doméstica.
La preocupación principal del Ejecutivo se centra en la transmisión de estos incrementos hacia el consumidor final, afectando directamente la canasta básica y el poder adquisitivo de las familias. El diésel representa un costo fundamental en la logística y el transporte terrestre del país, por lo que su estabilización es crucial para mantener a raya el índice de precios al consumidor, que, si bien se ha mantenido en niveles controlables, podría verse seriamente comprometido por el alza de los energéticos. Los estímulos fiscales, particularmente un apoyo del 70.28% para este combustible, equivalentes a 5.17 pesos por litro, han sido una herramienta primordial en esta contención, sumándose a los acuerdos voluntarios con el sector privado.
Esta no es la primera vez que México recurre a una intervención de esta índole. Previamente, durante el inicio del conflicto en Ucrania en 2022, el gobierno implementó estímulos fiscales similares para amortiguar la escalada de los hidrocarburos. La experiencia previa ha permitido a las autoridades calibrar mejor estas medidas, balanceando el impacto fiscal con la necesidad de proteger la economía real. Asimismo, la administración ha buscado acuerdos con los gasolineros para establecer topes en los precios de otros combustibles, como la gasolina magna, demostrando una voluntad de colaboración entre el sector público y privado para enfrentar desafíos económicos comunes.
La efectividad de estos acuerdos y estímulos fiscales descansa en una compleja balanza financiera. Por un lado, la disminución de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) representa un costo fiscal significativo. Sin embargo, México, al ser un país productor y exportador de crudo, ha logrado compensar parcialmente esta merma a través de ingresos petroleros extraordinarios, especialmente cuando la mezcla mexicana de exportación ha superado los 100 dólares por barril. Este doble rol como importador de refinados y exportador de crudo brinda al país una cierta capacidad de maniobra fiscal, aunque siempre bajo la constante amenaza de la volatilidad del mercado internacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha presentado una perspectiva macroeconómica que, si bien es optimista, reconoce la persistente incertidumbre global. Proyecciones para 2026 estiman un precio conservador para el petróleo mexicano de 77.3 dólares por barril, lo que, junto a un crecimiento del PIB estimado entre 1.8% y 2.8%, otorgaría margen para políticas de contención. No obstante, el análisis subraya que la duración y magnitud de los conflictos internacionales, la dinámica de la industria petrolera global y las políticas arancelarias de socios comerciales como Estados Unidos, continúan siendo factores impredecibles que desafían la estabilidad económica y la capacidad de respuesta del Estado.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
