La reciente primera vuelta electoral en Perú ha expuesto nuevamente una fractura sociopolítica endémica, manifestada en la profunda desconfianza mutua entre la capital, Lima, y las vastas regiones rurales. Este fenómeno no es meramente un desacuerdo político transitorio; es la expresión recurrente de una polarización arraigada que cada proceso democrático resalta. El ‘voto rural’ emerge como un actor decisivo, a menudo subestimado por las mediciones convencionales, configurando un escenario donde las proyecciones iniciales se desvanecen ante la voluntad popular de las provincias.
Históricamente, la élite urbana peruana ha manifestado una actitud de desdén hacia las figuras políticas con raíces andinas o provincianas. Ejemplos de esta dinámica abundan: desde la descalificación de Alejandro Toledo como ‘auquénido de Harvard’ en 2001 hasta la burla hacia Pedro Castillo, caricaturizado como un ‘burro’, este patrón revela una constante minimización de identidades que no encajan en el molde limeño. Estas actitudes no solo socavan la legitimidad de líderes surgidos del interior, sino que también ahondan la herida de una nación que se percibe dividida por una supremacía cultural autoimpuesta.
En el presente ciclo electoral, la irrupción del candidato Roberto Sánchez, aunque no oriundo de la sierra, personifica esta conexión con el mundo andino, adoptando sus símbolos y discursos. Su ascenso, similar al de Castillo en su momento, desafía las encuestas y se consolida gracias al respaldo masivo de las zonas rurales. Este patrón recurrente evidencia que el electorado de estas regiones se moviliza por factores que trascienden las métricas urbanas y la exposición mediática convencional, basándose en identidades y memorias compartidas que se activan al margen de los radares políticos tradicionales.
Paralelamente, la lentitud del procesamiento electoral y la proliferación de solicitudes de nulidad, principalmente impulsadas por la ultraderecha liderada por Rafael López Aliaga, buscan desacreditar este ‘voto rural’. La estrategia de impugnar actas de regiones donde el voto por Sánchez es abrumador, como Cajamarca, evoca los intentos fallidos de Keiko Fujimori en 2021 de anular miles de sufragios rurales. Estas acciones no solo prolongan la incertidumbre electoral, sino que también refuerzan la percepción de que las élites buscan deslegitimar el resultado cuando este no se alinea con sus expectativas, profundizando la brecha de confianza.
La tensión electoral ha trascendido lo político para encender discursos de odio y expresiones discriminatorias en plataformas digitales. La difusión de insultos racistas hacia votantes de la sierra, como los proferidos por ciertos influencers, ilustra la normalización del desprecio que subyace a la polarización. Si bien la Fiscalía ha intervenido en algunos casos, el daño a la cohesión social ya está hecho, dejando en evidencia la fragilidad de un diálogo nacional en un contexto donde las diferencias étnicas y geográficas se instrumentalizan para desacreditar la voluntad popular, acentuando la necesidad de una reflexión profunda sobre los valores democráticos.
El grito de ‘votamos con memoria’ encapsula la profundidad de las razones que motivan a la población andina. Esta memoria colectiva se forja en décadas de exclusión: desde los horrores del conflicto armado interno en los años ochenta y noventa, donde las comunidades quedaron atrapadas entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, hasta las promesas de reparación nunca cumplidas. La dolorosa experiencia de las esterilizaciones forzadas a más de 270.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori y el abandono estatal en zonas ricas en recursos naturales configuran un bagaje histórico que informa cada decisión electoral, más allá de coyunturas o figuras específicas.
Esta herida se ha reabierto con eventos recientes, como las más de cincuenta muertes durante las protestas de 2022 y 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte, muchas de ellas ocurridas en Ayacucho y otras regiones andinas. La percepción de violencia estatal impune y la falta de justicia refuerzan la desconfianza en las instituciones centrales. Este contexto de agravios acumulados transforma el acto de votar en una afirmación de dignidad y resistencia, un mecanismo para exigir reconocimiento y reivindicación frente a un Estado que históricamente ha sido percibido como distante y represor, consolidando una identidad política basada en la experiencia de la marginalidad.
La persistencia de esta división exige una comprensión más allá de las meras cifras electorales. Mientras que una parte de Lima ve el progreso en el modelo capitalino, el mundo rural, con sus recursos hídricos, tierras y ganadería, se considera a sí mismo en un ‘paraíso’ que el centralismo busca depredar o ignorar, viendo a la capital como un ‘infierno’ de violencia e indiferencia. Superar esta dicotomía requerirá una reforma estructural profunda y un compromiso genuino de las élites para reconocer y valorar la diversidad cultural y económica del Perú, sentando las bases para una nación verdaderamente inclusiva y cohesionada. Sin esta reconciliación, el país seguirá condenado a una polarización recurrente.
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