Perú ha acudido a las urnas este domingo para celebrar cruciales elecciones regionales y municipales, un proceso democrático que moviliza a más de 26,3 millones de ciudadanos en la elección de 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales para el período 2027-2032. Sin embargo, la jornada electoral se ha visto empañada por una significativa controversia: la recurrente figura de la ‘reelección encubierta’, que amenaza la integridad de los principios democráticos del país. Este fenómeno, que permite a exautoridades eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata, ha puesto en tela de juicio la solidez del marco legal y la ética política en la nación andina.
El mecanismo de la ‘reelección encubierta’ implica una estrategia política diseñada para sortear la ley. Los exalcaldes o exgobernadores, impedidos de postularse directamente para un nuevo mandato consecutivo, se presentan en el segundo lugar de la lista de su partido, con la expectativa de que el candidato titular, una vez electo, renuncie al cargo. Esta maniobra facilitaría su ascenso indirecto a la alcaldía o gobernación por sucesión, un camino que, aunque legalmente ambiguo y no directamente sancionado hasta ahora por las autoridades electorales, es ampliamente percibido como una burla a la voluntad popular y al espíritu de la Constitución que busca renovar los liderazgos y evitar la perpetuación en el poder. La pasividad institucional ante estas prácticas genera un precedente preocupante para la gobernabilidad futura.
Un caso paradigmático que ilustra esta situación es el de Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y líder de Renovación Popular, quien aspira nuevamente a la alcaldía de Lima. Su trayectoria reciente, marcada por una renuncia previa a la alcaldía de la capital (periodo 2023-2026) para una infructuosa campaña presidencial en 2025, seguida de su dimisión al Senado para esta nueva postulación municipal, evidencia un patrón de búsqueda de poder que desafía la normativa de no reelección. Esta constante reconfiguración de candidaturas y la aparente flexibilización de los mandatos electivos minan la estabilidad política y la confianza ciudadana en el sistema democrático peruano, un sistema que ha enfrentado recurrentes episodios de inestabilidad y crisis institucionales en las últimas décadas.
Más allá de la capital, esta práctica se extiende a nivel nacional, con más de 130 alcaldes en diversas jurisdicciones buscando replicar la misma estrategia. Este patrón sugiere un desafío sistémico a la normativa electoral y plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones peruanas, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para hacer cumplir el espíritu de la ley. La falta de un pronunciamiento contundente por parte de estos organismos frente a lo que muchos analistas consideran una transgresión indirecta de la ley alimenta la percepción de impunidad y debilita el Estado de derecho, generando un campo de juego desigual y una erosión de la legitimidad electoral.
Adicionalmente, el clima preelectoral se ha visto ensombrecido por episodios de violencia que subrayan los riesgos inherentes a la política local en Perú. El brutal asesinato de Susy Aponte, conocida como ‘La China Polo’ y candidata a gobernadora en Áncash, por un sicario venezolano, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los actores políticos, especialmente aquellos que, como Aponte, utilizan plataformas de denuncia social. De igual manera, la trágica muerte del candidato indígena Sundi Simon Kamarampi en la región amazónica de Loreto durante un accidente fluvial de campaña, y la posterior obstrucción armada de comunidades indígenas al material electoral, revelan la complejidad y los peligros de la contienda en territorios remotos, donde la presencia del Estado es limitada y las tensiones sociales pueden escalar rápidamente.
Históricamente, las elecciones locales en Perú, desde su formato actual implementado en 2002, han mostrado una marcada tendencia hacia la fragmentación política. A diferencia de otros sistemas, ningún partido de alcance nacional ha logrado consolidar una hegemonía significativa en la mayoría de los departamentos, siendo los movimientos regionales los principales protagonistas. Esta particularidad del sistema peruano, donde el poder local se articula con identidades y demandas específicas de cada región, puede explicar en parte la persistencia de figuras locales que buscan mantener su influencia, incluso recurriendo a mecanismos como la ‘reelección encubierta’, en un intento por conservar liderazgos arraigados en sus bases, más allá de las afiliaciones partidistas nacionales.
La importancia de estos comicios trasciende la mera asignación de cargos. Representan una prueba crucial para la fortaleza institucional de Perú y su compromiso con la transparencia democrática. El escrutinio, que se prevé prolongado, deberá garantizar resultados claros y aceptados. En un país donde el voto es obligatorio, las irregularidades percibidas o las interpretaciones laxas de la ley electoral pueden socavar la ya frágil confianza pública en las instituciones, haciendo imperativa una supervisión rigurosa y la pronta resolución de las controversias para asegurar la legitimidad del nuevo ciclo de autoridades locales.
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