Durante la última década, la política exterior peruana se caracterizó por un ejercicio de ‘autonomía estratégica’ o ‘neutralidad activa’, buscando un delicado equilibrio entre sus dos principales potencias de referencia: China, como socio comercial e inversionista crucial, y Estados Unidos, con quien mantenía lazos históricos en seguridad y afinidad política. Esta estrategia, extendida globalmente, ha sido el pilar de un pragmatismo diplomático que ahora parece ceder ante un alineamiento más explícito, generando interrogantes fundamentales sobre los verdaderos beneficios para la nación andina. La crucial pregunta de qué gana Perú al alinearse de esta manera es el eje central de este análisis.
Las cifras en el ámbito económico son elocuentes y evidencian la preponderancia asiática en el intercambio peruano. Entre enero y julio del periodo analizado, China absorbió un impresionante 38.3% de las exportaciones peruanas, dejando muy atrás a destinos como India (9.7%), Estados Unidos (9.4%) y la Unión Europea (8.8%). Más allá del comercio, la inversión china en Perú, según la Red ALC-China, superaba los 37 mil millones de dólares, contrastando con los aproximadamente 30 mil millones de la UE y una cifra inferior a los 7 mil millones provenientes de Estados Unidos, lo que subraya la magnitud de la interdependencia económica con Beijing.
Históricamente, la relación de Perú con Washington se había cimentado en sólidos vínculos de seguridad y cooperación militar, aunados a una afinidad política basada en los principios de la democracia liberal, los derechos humanos y el Estado de derecho. Esta convergencia se manifestó en posturas coincidentes respecto al orden internacional, como se observó en el contexto de la guerra en Ucrania o la situación política de Venezuela. No obstante, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca marcó un punto de inflexión significativo, minando esta afinidad a través de su cuestionamiento explícito de pilares fundamentales del orden internacional liberal y la imposición unilateral de aranceles adicionales, factores que alteraron el panorama bilateral.
En contraste con la imprevisibilidad de la política exterior estadounidense bajo Trump, las relaciones entre Lima y Beijing, a pesar de las evidentes diferencias ideológicas, han mantenido posiciones relativamente convergentes en aspectos clave. Ambos han defendido consistentemente el multilateralismo, la centralidad de las Naciones Unidas y la resolución pacífica de controversias. En el ámbito económico, Perú y China han apostado por la apertura comercial, reflejada en foros como la OMC y el APEC, así como por el desarrollo sostenible. La estabilidad que China ha proyectado en el orden internacional contemporáneo, particularmente frente al creciente unilateralismo, ha sido un contrapunto notable.
Frente a este telón de fondo, el claro alineamiento con Estados Unidos adoptado por el actual gobierno de Keiko Fujimori, tras un acercamiento iniciado con el retorno de Donald Trump, resulta sorpresivo. Durante 2025 y la primera mitad de 2026, Perú intensificó su cooperación con Washington en áreas estratégicas como los minerales críticos, la lucha contra el crimen organizado y la defensa, influenciado por la creciente presión estadounidense para definir posiciones frente a China. La adhesión al ‘Escudo de las Américas’, acuerdos sobre inteligencia artificial y alineaciones diplomáticas en temas como Irán, Palestina y el Sáhara Occidental, marcan un distanciamiento de la política tradicional peruana que buscaba ‘afianzar la independencia y evitar la dependencia’.
Las autoridades peruanas justifican este acercamiento aludiendo a prioridades legítimas como la seguridad nacional, el combate al crimen organizado transnacional y el acceso a inversión en el vital sector de minerales críticos. Sin embargo, surge la interrogante crítica sobre si un alineamiento tan explícito es la vía más eficaz para concretar estos objetivos y a qué costo estratégico. Más allá de la retórica oficial, los beneficios concretos para el desarrollo nacional o, incluso, para la efectividad en la lucha contra el crimen organizado, permanecen en una zona de ambigüedad que requiere mayor transparencia y evaluación de impacto.
Si bien se han presentado algunas señales de inversión estadounidense, como la ampliación del puerto de Matarani por parte de GIP-BlackRock o la entrada de Chevron en la exploración ‘offshore’, estas iniciativas están lejos de igualar los volúmenes de inversión china. El megapuerto de Corío en Punta de Bombón, proyectado para rivalizar con Chancay, ha despertado expresiones de interés de empresas estadounidenses, según el Gobierno Regional de Arequipa, pero aún carece de inversión confirmada. A esto se suma la volatilidad de las iniciativas de cooperación de Washington, como ‘América Crece’ o la ‘Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas’, que han demostrado ser efímeras ante cambios de administración, planteando dudas sobre la durabilidad de los acuerdos actuales.
Lo más significativo es que gran parte de la agenda de este acercamiento parece estar dictada por las prioridades estratégicas de Washington, especialmente en su competencia global con China. La mención a la ‘influencia maligna de actores extrahemisféricos’ en documentos como el ‘Escudo de las Américas’ revela la preocupación central de Estados Unidos. Mientras tanto, intereses específicos de Perú, como asegurar el cumplimiento adecuado del Tratado de Libre Comercio o recuperar la cooperación suspendida a través de USAID, no parecen recibir una respuesta equivalente. Esta situación conlleva el riesgo inminente de alienar innecesariamente a China, un socio que ya ha realizado inversiones sustanciales y tiene planes para expandir su presencia en nuevos dominios como la transformación digital y las energías renovables.
Por ello, el desafío para Perú no reside en elegir un bando entre Washington y Beijing, sino en recuperar un margen de maniobra estratégico y pragmático. Es imperativo construir una estrategia multisectorial que defienda prioritariamente los intereses nacionales en un escenario global cada vez más polarizado e incierto. Esto implica no solo impulsar un debate nacional informado en el Congreso y la Cancillería, con la participación activa de gremios exportadores, la academia y las regiones, para forjar una hoja de ruta pública con metas concretas para cada socio, sino también fortalecer los lazos con otras potencias emergentes como India, la Unión Europea y el vecino Brasil, diversificando así las relaciones y consolidando una verdadera autonomía estratégica.
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