La ‘gestación subrogada’ en México opera bajo un esquema de escasa regulación, transformándose en un negocio lucrativo que expone a vulnerabilidades significativas. El caso de Alma, una gestante que en 2025 se encontró abandonada a mitad de un embarazo gemelar por la agencia WCOB —una empresa que posteriormente anunció su bancarrota en 2026—, ilustra las profundas falencias de un sector en crecimiento. Su historia es una de las cerca de noventa gestantes que quedaron desprotegidas tras la desaparición de esta agencia, evidenciando la urgente necesidad de un marco legal que garantice la seguridad y los derechos de todas las partes involucradas.
México se ha consolidado como un destino principal para la ‘gestación subrogada’ a nivel global. Esta preferencia obedece a factores como un marco legal progresista que, aunque fragmentado, reconoce la diversidad familiar, un sector médico de avanzada y costos considerablemente más bajos que en otras jurisdicciones. Sin embargo, esta expansión ocurre en un panorama legal intrincado donde la inexistencia de una ley nacional unificada genera un mosaico de regulaciones estatales contradictorias. Mientras algunos estados como Querétaro y San Luis Potosí prohíben la práctica, otros como Tabasco y Sinaloa cuentan con normativas específicas que, a menudo, no logran cubrir las complejidades éticas y legales del proceso.
El crecimiento del sector se refleja en datos judiciales: los amparos de filiación aumentaron un 2,548% entre 2020 y 2025, pasando de 25 a 662 casos. En este contexto, proliferan agencias privadas, con frecuencia de origen extranjero, que actúan como intermediarias. Su modelo de operación, comparable al de las plataformas digitales, les permite coordinar los procesos y gestionar los pagos sin asumir una responsabilidad contractual directa con las gestantes. Esta estrategia desvincula legalmente a la agencia del contrato de gestación principal, el cual se establece directamente entre la mujer gestante y los padres de intención, lo que complica enormemente la exigencia de responsabilidades en caso de incumplimiento, dejando a las gestantes en una posición precaria.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha intentado mitigar estas deficiencias al establecer, en febrero de 2026, la obligatoriedad de formalizar los contratos de gestación ante notario y juez antes del embarazo. Sin embargo, esta disposición a menudo es eludida, ya que la mayoría de las gestantes entrevistadas en recientes investigaciones recibieron sus contratos con el embarazo ya en curso, si no el mismo día de la transferencia embrionaria. Esta informalidad contractual no solo expone a las gestantes a abusos, sino que también puede generar conflictos graves para los padres de intención, quienes, aunque con mayores recursos, pueden enfrentar largos procesos legales por el reconocimiento de sus hijos o verse afectados por presuntas negligencias, como la transferencia de embriones erróneos.
Más allá de las partes directamente involucradas, los derechos de los niños nacidos de estos procesos son frecuentemente relegados. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) actúa únicamente de forma reactiva, interviniendo solo después del nacimiento y mediante notificación judicial. La ausencia de un mecanismo de supervisión proactivo o de un registro formal para las agencias impide rastrear responsabilidades en casos de abandono. Esto puede llevar a que los menores queden sin identidad legal, ingresen a procesos de protección y, eventualmente, a la adopción, una problemática que los paliativos actuales apenas logran contener sin una reforma estructural.
La situación actual en México demanda una respuesta legislativa integral y urgente. Las historias de éxito individuales, aunque valiosas, no pueden ocultar las fallas sistémicas de un mercado global que se estima moverá 200 mil millones de dólares para 2034. La experiencia de Ana, quien tras perder su patrimonio por el abandono de padres de intención ahora considera una nueva gestación subrogada para recuperar sus pérdidas, es un recordatorio sombrío de las profundas implicaciones humanas cuando el lucro prevalece sobre la regulación ética. Urge establecer un marco normativo robusto que priorice los derechos humanos y la transparencia.
Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
