Desde la asunción del presidente José Antonio Kast, la política migratoria chilena ha priorizado el control y la regularización de flujos. El Gobierno chileno anunció la ‘salida voluntaria’ de 2.180 ciudadanos venezolanos en situación irregular de su territorio, cifra registrada desde el triunfo electoral del mandatario el 14 de diciembre. Este dato se presenta como un indicador del impacto de las nuevas directrices gubernamentales, marcando un claro contraste con la gestión migratoria de administraciones anteriores.
Simultáneamente a estas salidas voluntarias, la administración de Kast ejecutó su primer vuelo de expulsión, repatriando a 40 migrantes de nacionalidades colombiana, boliviana y ecuatoriana. Este esfuerzo se enmarca en un universo de aproximadamente 44.000 extranjeros con órdenes de expulsión pendientes, de los cuales un 65% son venezolanos. La materialización de expulsiones hacia Venezuela, sin embargo, enfrenta un desafío diplomático significativo debido al congelamiento de las relaciones consulares entre Santiago y Caracas.
La estrategia del Gobierno chileno se fundamenta en la promoción activa de la salida voluntaria y la ejecución de expulsiones factibles. El mecanismo de salida voluntaria, preexistente, facilita a los migrantes irregulares, con pasaje aéreo y permiso del Servicio Nacional de Migraciones, cruzar la frontera en 15 días. Esta vía es crucial para los venezolanos, pues la ausencia de relaciones consulares directas obstaculiza las expulsiones forzadas, a diferencia de otras naciones con las que Chile mantiene acuerdos diplomáticos.
Las cifras históricas revelan que la ‘salida voluntaria’ ha sido una opción recurrente para miles de venezolanos, con un promedio anual de 6.130 entre 2022 y 2025. Que 2.180 venezolanos hayan optado por esta vía en poco más de cuatro meses bajo la nueva administración es relevante, pero su evaluación requiere contextualización. La falta de datos comparativos precisos para períodos análogos en años anteriores limita una valoración diferenciadora del impacto de las políticas actuales en los flujos de retorno.
En cuanto a la contención del ingreso irregular, el Gobierno de Kast reportó una notable disminución. Entre el 11 de marzo y el 11 de abril, las denuncias por ingreso clandestino sumaron 2.101, una reducción del 67,4% respecto al mismo periodo de 2022, bajo la presidencia de Gabriel Boric. Sin embargo, esta tendencia a la baja no es exclusiva de la actual gestión; las denuncias de ingreso irregular alcanzaron su máximo en 2021 y han mostrado un descenso continuo, atribuible a múltiples factores, incluyendo el reforzamiento fronterizo y ajustes en los patrones migratorios regionales.
La firmeza en la política migratoria de Kast se ha manifestado en sus declaraciones, incluyendo críticas al ‘narcodictador Maduro’ durante su viaje a Argentina, postura que Caracas ha replicado, complicando el restablecimiento de canales diplomáticos. Este contexto geopolítico subraya la complejidad de la gestión migratoria, que abarca aspectos internos de seguridad y regulación, y una intrincada red de relaciones bilaterales y regionales. El Gobierno chileno ha prometido mayor transparencia, anunciando la publicación quincenal de datos sobre salidas y expulsiones para el escrutinio público.
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