El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha anunciado una significativa ampliación de sus capacidades de identificación biométrica a nivel nacional, mediante la adquisición de 1,570 nuevos dispositivos para el ‘escaneo de iris’. Esta medida, que se ejecutará bajo un contrato federal adjudicado sin un proceso de licitación pública competitiva, intensifica la estrategia de vigilancia y control migratorio en Estados Unidos. La decisión de evitar la licitación ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y la justificación de una expansión de esta magnitud.
La tecnología será provista por Bi2 Technologies, una empresa especializada en reconocimiento de iris. Los nuevos dispositivos permitirán a los agentes migratorios identificar individuos en tiempo real, utilizando cámaras de teléfonos inteligentes o equipos móviles conectados a una extensa base de datos biométrica privada. Esta plataforma, conocida como IRIS y MORIS, no solo facilita la verificación de identidades en segundos, sino que también ofrece acceso a antecedentes de arresto, integrando información de más de 247 agencias policiales locales y consolidando más de cinco millones de registros de detenciones.
El reconocimiento de iris se basa en la singularidad del patrón ocular que rodea la pupila humana. Bi2 Technologies afirma que su sistema es capaz de detectar más de 265 características anatómicas distintas, asegurando su operatividad incluso si el individuo usa lentes o gafas. Si bien la empresa insiste en que su herramienta está diseñada para la autenticación de identidades y no para la vigilancia masiva, la rapidez de su despliegue y la amplitud de su base de datos han provocado un debate sobre el alcance real de su aplicación y sus implicaciones para la privacidad individual.
La justificación de ICE para eludir la licitación competitiva radica en la alegación de que Bi2 Technologies posee ‘la única red biométrica nacional de iris basada en la web’ y que ningún otro proveedor dispone de una base de datos comparable. Sin embargo, esta práctica de adjudicación directa ha sido históricamente criticada por organizaciones de la sociedad civil y expertos en transparencia gubernamental, quienes advierten sobre la posible falta de supervisión y la concentración de poder en un único proveedor, limitando la evaluación de alternativas tecnológicas o más económicas.
Un aspecto crucial que agrega complejidad a esta expansión es que el sistema de Bi2 Technologies aún no cuenta con la certificación FedRAMP, el estándar federal mandatorio para asegurar la protección de datos sensibles en plataformas en la nube. A pesar de esta deficiencia en la certificación, ICE tendrá acceso inmediato y a nivel nacional al sistema biométrico, mientras la empresa apenas inicia los trámites para obtener la autorización. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la confidencialidad de los datos personales recopilados, al carecer de una validación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
Esta medida se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, especialmente durante la administración de Donald Trump, que impulsó un incremento en el uso de tecnologías avanzadas para el control fronterizo y la vigilancia interna. Previamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya había otorgado a Bi2 un contrato de 4.6 millones de dólares en septiembre de 2025 para la implementación de 200 dispositivos biométricos, sentando un precedente para la actual expansión que supera con creces esa infraestructura inicial, demostrando una clara tendencia hacia una mayor dependencia tecnológica.
Aunque el contrato establece ciertas restricciones sobre el manejo de datos, como la prohibición de Bi2 de usar la información con fines comerciales o compartirla con terceros, y la obligatoriedad de eliminar imágenes tras el procesamiento, persisten importantes lagunas. El documento no detalla mecanismos para auditorías independientes, supervisión del Congreso o cualquier forma de control externo sobre el uso de la plataforma. Esta ausencia de mecanismos de rendición de cuentas externos representa un desafío significativo para garantizar la protección de los derechos civiles y la transparencia en la operación de estas herramientas de vigilancia.
La integración masiva de tecnologías biométricas en las operaciones de las agencias federales, como el escaneo de iris, reconocimiento facial y otras herramientas de monitoreo digital, marca un hito en la evolución de la seguridad y el control migratorio. Si bien estas innovaciones prometen mayor eficiencia, también inauguran una era de escrutinio intensificado sobre la población, planteando desafíos éticos y legales que requieren una evaluación constante y un debate público informado para equilibrar la seguridad nacional con las libertades individuales.
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