El departamento del Cauca, Colombia, ha sido escenario de un reciente y devastador atentado terrorista que subraya la persistente fragilidad de la seguridad en la región. Un artefacto explosivo detonó en la estratégica Vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, dejando un saldo preliminar de al menos siete civiles fallecidos y decenas de heridos. Este ataque indiscriminado ha conmocionado a la nación, reavivando el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad. Las autoridades atribuyen la autoría a alias Marlon, líder disidente de las extintas FARC, lo que evidencia una preocupante ‘escalada de violencia’ en el suroccidente colombiano. La Vía Panamericana, vital para la conexión del país con el resto de Suramérica, se convierte así en un corredor de alto riesgo.
La respuesta institucional no se hizo esperar; el presidente Gustavo Petro calificó a los responsables como ‘terroristas, fascistas y narcotraficantes’, enérgica condena que vincula el acto con intereses electorales. Según el mandatario, estos grupos buscan la llegada de la extrema derecha al poder, percibida como un catalizador para sus negocios ilícitos. Esta declaración se produce a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, añadiendo tensión política. La interrupción de la campaña presidencial y el pronunciamiento presidencial destacan cómo la violencia actúa como factor disruptivo en el proceso democrático.
El atentado en Cajibío no es un hecho aislado, sino parte de una serie de agresiones que han sacudido al Cauca y departamentos vecinos. Precedieron a este incidente un fallido ataque a instalaciones militares en Cali y otro contra un batallón en Palmira. Horas antes, otro artefacto estalló en Mercaderes, más al sur. El gobernador Octavio Guzmán ha reportado acciones violentas en múltiples localidades como El Tambo, Caloto y Popayán, configurando una ofensiva directa contra la población civil. Esta cadena de eventos pone de manifiesto la capacidad operativa de los grupos armados ilegales para sembrar el terror en una región históricamente convulsa, rica en cultivos ilícitos y corredores estratégicos.
La polarización política se agudiza ante estos actos de barbarie. Figuras de la oposición como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han criticado duramente la gestión del gobierno, vinculando la violencia actual con la política de ‘paz total’ y la supuesta complacencia con grupos armados. Las declaraciones opositoras señalan al ejecutivo de ‘dejar libres a los violentos’ y de ser ‘cómplice’, transformando la tragedia en munición para la contienda electoral. Este cruce de acusaciones refleja la profunda división en el país y el desafío de encontrar un consenso nacional frente a la inseguridad, mientras la sociedad civil clama por soluciones efectivas.
La Vía Panamericana, escenario recurrente de este tipo de ataques, ha sido históricamente un termómetro de la inestabilidad. Hace un año, un incidente similar en Mondomo dejó una víctima mortal, y en marzo de 2025, se registraron ocho ataques simultáneos, evidenciando un patrón de intimidación y control territorial por parte de las disidencias de Mordisco. La recompensa de 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1.3 millones de dólares) por información que conduzca a la captura de alias Marlon, busca desmantelar estas estructuras. No obstante, el desafío de pacificar el Cauca, con sus complejas dinámicas de narcotráfico y minería ilegal, persiste como una tarea monumental para el Estado colombiano.
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