El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha lanzado una advertencia categórica ante el Congreso de la Unión: la concurrencia de la ‘Elección Judicial’ prevista para 2027 con la renovación de múltiples cargos federales y locales podría precipitar un colapso operativo sin precedentes. La propuesta formal del INE, plasmada en un documento exhaustivo, insta a una reforma constitucional y legal para posponer este proceso a 2028, con el fin de salvaguardar la integridad y eficiencia de los comicios.
La magnitud del desafío logístico es alarmante. Si no se aprueba la prórroga, la ciudadanía debería acudir a dos centros de votación distintos el 6 de junio de 2027, una medida que por sí sola introduce una complejidad inusitada. El INE estima la necesidad de instalar más de 353,000 casillas, duplicando la infraestructura de una elección ordinaria, y capacitar a más de 3.1 millones de ciudadanos para fungir como funcionarios de mesa, lo que representa un despliegue humano y material de proporciones gigantescas. Esta duplicación estructural acarrearía un costo adicional que superaría los 2,000 millones de pesos, según proyecciones de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
La urgencia del INE ha resonado en el ámbito legislativo, donde coordinadores de los principales partidos han escuchado su llamado. Curiosamente, esta postura coincide con una iniciativa de legisladores morenistas como Alfonso Ramírez Cuéllar y Olga Sánchez Cordero, quienes proponen ajustar la reforma judicial de septiembre de 2024 que estableció la elección popular de jueces. Sin embargo, el tiempo apremia, con apenas 17 días para aprobar la reforma antes del 3 de junio, fecha límite constitucional para modificaciones electorales previas al inicio del proceso electoral 2026-2027.
Este no es el primer intento por reevaluar el calendario de la elección de integrantes del Poder Judicial. A principios de año, durante las discusiones de la reforma político-electoral promovida por la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, se consideró el aplazamiento. Aunque esa reforma no prosperó y Sheinbaum optó por mantener la fecha original, la actual presión de diversos sectores, incluyendo el productivo, por una mayor transparencia y profesionalización en la judicatura, ha revitalizado la discusión. La nueva iniciativa morenista no solo sugiere el traslado del proceso a 2028, sino que también busca perfeccionar los comités de selección de candidaturas, simplificar la boleta electoral y subsanar otras deficiencias ya identificadas en el sistema de selección judicial.
El documento de casi 200 páginas presentado por el INE detalla exhaustivamente las complejidades en cinco dimensiones críticas: normativa, operativa, logística, tecnológica y presupuestal. Estas dificultades impactarían la planificación y el desarrollo de cada fase del proceso electoral 2026-2027, que ya incluye elecciones legislativas federales y cargos locales. A estas se sumaría la elección de cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito a nivel nacional, además de jueces y magistrados locales en 24 entidades federativas, configurando un escenario de sobrecarga sin precedentes para el sistema electoral.
La Constitución actual impone que cada proceso electoral transcurra en centros de votación distintos y con diferentes funcionarios de casilla, lo que agrava la situación. La alerta del INE se extiende a la producción y distribución de materiales, con una proyección de más de 985 millones de boletas electorales necesarias. Además, se plantean retos significativos en el desarrollo de sistemas para el flujo de resultados, la recolección segura de los paquetes electorales al finalizar la jornada y el cómputo final de los votos, que debería llevarse a cabo en los 300 consejos distritales federales y en cientos de consejos locales simultáneamente.
Financieramente, la propuesta del INE cobra sentido. La consejera presidenta ha estimado que celebrar la elección judicial en 2027 podría costar 8,000 millones de pesos adicionales, sumados a los 13,000 millones proyectados para las elecciones legislativas y ejecutivas locales. En contraste, posponerla a 2028 reduciría ese gasto específico a 6,000 millones de pesos. Esta diferencia de 2,000 millones de pesos, aunada a los desafíos logísticos, presenta un argumento contundente para la modificación del calendario electoral.
Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
