La salud de las democracias contemporáneas no se evalúa únicamente por la ausencia de colapsos abruptos, sino por un fenómeno más insidioso: el vaciamiento progresivo de sus instituciones. Estos pilares fundamentales, aunque formalmente operacionales, ven mermada su capacidad de representar efectivamente a los ciudadanos, ofrecer protección robusta y, crucialmente, resolver los conflictos sociales inherentes a cualquier sociedad dinámica. Este deterioro silencioso, a menudo imperceptible en su fase inicial, genera una distancia creciente entre la arquitectura estatal y las expectativas de la ciudadanía, socavando la legitimidad sin necesidad de una ruptura violenta.
El informe ‘The Global State of Democracy 2026’ de International IDEA subraya que la amenaza más apremiante no es el retroceso democrático per se, sino el ‘Estancamiento de la Democracia’. Sus hallazgos revelan una inmovilidad alarmante: entre 2020 y 2025, el 81% de los países analizados no experimentaron cambios significativos en su desempeño democrático. Sin embargo, esta estabilidad aparente oculta una realidad precaria, ya que solo una cuarta parte de esos casos corresponden a un alto nivel de calidad democrática. Por undécimo año consecutivo, el número de naciones que retrocedieron superó a las que avanzaron, con el 57% cayendo en al menos un indicador, mientras que libertades fundamentales como la de expresión y la de prensa sufrieron declives en el 24% y 23% de los países, respectivamente, evidenciando una erosión global de derechos esenciales.
Más allá de las libertades individuales, el estudio de IDEA también detecta una disminución preocupante en el acceso a la justicia, la credibilidad de los procesos electorales y la eficacia parlamentaria. Estos son precisamente los mecanismos diseñados para controlar el poder y canalizar las disputas pacíficamente. Como resultado, el Estado de derecho emerge como la categoría más debilitada a nivel global, con 71 países registrando un desempeño bajo y 29 experimentando un retroceso explícito. Esta fragilidad implica que, si bien las elecciones pueden determinar quién gobierna, no garantizan ‘cómo’ se ejerce el poder, dejando la puerta abierta a la apropiación estatal por parte de mayorías electorales sin un contrapeso efectivo. El riesgo mayor, según el informe, se concentra en la ‘franja media’ de las democracias, donde coexisten elecciones y ciertas libertades, pero la incapacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas genera desafección, una situación especialmente palpable en América Latina, la región más polarizada del mundo.
Chile, aunque parte de una posición favorable en los rankings internacionales, ofrece un estudio de caso elocuente sobre esta dinámica. El país se sitúa en el sexto lugar mundial en representación y el vigesimoprimero en Estado de derecho, siendo el mejor resultado en las Américas, y ocupa el puesto 33 en derechos, sin retrocesos estadísticamente significativos entre 2020 y 2025. Sin embargo, su desempeño en participación ciudadana (puesto 44) y compromiso cívico (por debajo de Perú y Panamá) matiza esta percepción institucional. Esta disonancia entre la ‘arquitectura institucional’ y la ‘experiencia vivida’ por los ciudadanos se ha manifestado claramente en mediciones recientes, señalando un desgaste progresivo de la confianza.
Los indicadores de percepciones ciudadanas corroboran este ‘vaciamiento de las instituciones’. El Monitor de Confianza de Feedback y otros estudios de este año revelan un deterioro significativo. Por ejemplo, en enero, el 58% de los chilenos creía que el país avanzaba en la dirección correcta. Tras el incremento de los combustibles en marzo, esta percepción se invirtió, y para julio, solo el 35% mantenía esa lectura positiva, con un 65% considerando que el país iba en la dirección equivocada. Las expectativas económicas reflejaron esta tendencia, con un 56% anticipando un empeoramiento en los siguientes 12 meses. Esta desilusión no solo afectó al Gobierno, cuya aprobación presidencial se estabilizó en niveles bajos (entre 25.6% y 34% en distintas encuestas), sino que también erosionó la confianza en las grandes empresas, con caídas drásticas en la percepción de su eficacia, ética y empatía, esta última quedando como el atributo más debilitado.
El diagnóstico para las instituciones públicas tampoco es alentador, con un 68% de los ciudadanos en desacuerdo con la transparencia de sus decisiones y un 77% rechazando la equidad en el trato a las personas. Este panorama sugiere que la verdadera amenaza para Chile y otras democracias no reside en una ruptura catastrófica, sino en la ‘domesticación de las expectativas’ y la ‘resignación cívica’ que puede ser malinterpretada como madurez política. Cuando las instituciones permanecen intactas, pero las esperanzas ciudadanas se han vencido, la democracia corre el riesgo de subsistir como una mera formalidad, desprovista de su función esencial de proteger y representar, dejando una estructura sin alma, cuyo propósito original ha sido olvidado.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
