La reciente declaración del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que cataloga a todas las organizaciones delictivas operando en el país como ‘terroristas’, marca un giro substancial en la política de seguridad nacional. Este pronunciamiento, efectuado durante un Consejo de Seguridad en Barranquilla, no solo recalibra la terminología oficial, sino que sienta las bases para una estrategia de confrontación unificada contra el crimen organizado. Históricamente, Colombia ha distinguido entre diversos actores armados, desde guerrillas con motivaciones políticas hasta bandas de delincuencia común. La unificación bajo la etiqueta de ‘terroristas’ simplifica y endurece la postura estatal, eliminando matices que, según el Gobierno, obstaculizaban una respuesta integral.
Esta decisión estratégica conlleva profundas implicaciones jurídicas y operativas. Al clasificar a los ‘grupos criminales’ como organizaciones ‘terroristas’, el Estado colombiano puede activar un marco legal más robusto, que incluye leyes antiterroristas y la posibilidad de solicitar una mayor cooperación internacional, especialmente en áreas de inteligencia y persecución financiera. La justificación de esta medida radica en la interconexión de actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando, las cuales son percibidas como componentes de una única amenaza sistémica. Esta aproximación busca desmantelar la capacidad logística y financiera de estas redes, tratándolas no solo como infractores de la ley, sino como enemigos del Estado.
A nivel internacional, la administración De la Espriella ha cimentado una alianza estratégica con Estados Unidos, evidenciada por la incorporación de Colombia al ‘Escudo de las Américas’. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump, busca fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El apoyo estadounidense se materializará mediante el despliegue de tecnología avanzada, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad colombianas y la ejecución de operaciones coordinadas. Esta sinergia binacional subraya la magnitud de la amenaza percibida y el compromiso de ambos países para erradicar las estructuras que desestabilizan la región y financian actividades ilícitas a escala global.
En el ámbito doméstico, la nueva política de seguridad ha delineado medidas concretas para potenciar la acción estatal. Se prevé una coordinación interinstitucional sin precedentes entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial. Asimismo, se ha anunciado la creación de cuerpos de élite especializados y un ‘Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión’, enfocado en una de las fuentes de financiación más destructivas para la ciudadanía. Un pilar fundamental de esta estrategia es la intensificación de la persecución de las finanzas criminales, con el apoyo proactivo de entidades bancarias y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), vital para desmantelar la infraestructura económica de estas organizaciones.
La elección de Barranquilla y su área metropolitana como ‘laboratorio’ de esta estrategia de seguridad es significativa. Esta urbe, un importante puerto y centro económico, presenta desafíos de seguridad complejos que la convierten en un campo de prueba idóneo para la implementación de un modelo basado en mayor presencia policial, inteligencia focalizada y coordinación institucional exhaustiva. El éxito de este ‘modelo Barranquilla’ podría sentar un precedente para su replicación en otras zonas del país, ofreciendo una hoja de ruta para la contención y erradicación de la violencia generada por estas redes criminales, y demostrando la eficacia de una respuesta contundente y cohesiva del Estado.
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