La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de Chile ha reactivado un profundo debate al aprobar, por una mayoría significativa, un proyecto de ley que propone la autorización para la caza de ‘perros asilvestrados’. Esta iniciativa legislativa, que busca enmendar la Ley de Caza vigente, emerge como una respuesta a la creciente preocupación por el impacto devastador que las jaurías de canes ferales están generando sobre la fauna nativa chilena y la actividad ganadera, provocando pérdidas económicas y ecológicas sustanciales. El controvertido proyecto resalta la complejidad de equilibrar la conservación ambiental con las consideraciones de bienestar animal.
Este no es el primer intento de la legislación chilena para abordar la problemática de los perros asilvestrados. En julio de 2024, una propuesta similar que declaraba a estos animales como ‘especie exótica invasora’ fue rechazada por los diputados, lo que subraya la persistencia del dilema y la polarización de opiniones. Previamente, en 2015, el Ministerio de Agricultura intentó implementar un decreto con fines análogos, pero se vio obligado a retirarlo ante la fuerte oposición de diversas organizaciones animalistas. Estos antecedentes demuestran la recurrente dificultad para conciliar las medidas de control poblacional con la sensibilidad pública y el activismo en defensa de los animales.
El núcleo de la propuesta actual se centra en permitir métodos letales para el control de estos canes, modificando explícitamente la Ley de Caza para establecer que será ‘un deber del Estado proteger la fauna silvestre’. El proyecto define a los perros asilvestrados como aquellos sin dueño conocido ni identificable que, al perder su vínculo con el ser humano, se convierten en un peligro real para las personas, la fauna local o la salud pública. Se han documentado múltiples incidentes de ataques a ganado, mascotas, especies nativas e incluso seres humanos, a menudo con consecuencias fatales, justificando, según los promotores, la urgencia de estas medidas.
En un esfuerzo por clarificar los parámetros de acción, la propuesta exime de sanciones por maltrato animal a quienes capturen un perro asilvestrado ‘en defensa propia, de un tercero o del ganado, frente al ataque actual o inminente’. Para que esta medida sea legalmente viable, se requerirá una denuncia previa, acompañada de pruebas fehacientes como registros fotográficos, audiovisuales o informes veterinarios que corroboren el daño infligido. Además, se contempla la exención de responsabilidad penal en situaciones donde la eliminación de estos animales sea necesaria para proteger la salud pública, la seguridad individual, la biodiversidad y la fauna silvestre nativa, o la propiedad privada.
La distinción entre un perro asilvestrado y uno doméstico, incluso si este último se encuentra abandonado en la calle, es crucial para la aplicación de la ley. Un perro asilvestrado ha retornado a un estado salvaje, subsistiendo y reproduciéndose sin dependencia humana, manifestando comportamientos agresivos y de manada, y cazando para alimentarse. Los perros abandonados, aunque sin hogar, mantienen su naturaleza doméstica y, por lo tanto, no estarían sujetos a las medidas de control letal propuestas. Esta diferenciación busca evitar la persecución indiscriminada de animales domésticos en situación de calle, enfocando la intervención en aquellos que representan una amenaza ecológica y social documentada.
El camino legislativo de este proyecto aún es largo e incierto. Tras su aprobación en la comisión, debe elaborarse y enviarse un informe a la sala de la Cámara de Diputados, donde su destino puede ser tanto la aprobación como el rechazo. En caso de obtener la luz verde en la Cámara Baja, el proyecto avanzará al Senado. Si surgieran discrepancias entre ambas cámaras, se conformaría una comisión mixta para conciliar las diferencias antes de que el texto sea despachado al Presidente de la República para su promulgación. Este proceso, sin un calendario fijo, dependerá de los ritmos y prioridades del Poder Legislativo chileno, prometiendo nuevas instancias de debate y posible revisión.
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