En el marco del debate sobre el Paquete Económico 2027, México se encuentra ante una encrucijada fiscal y de salud pública. Expertos nacionales e internacionales han instado a una actualización y reestructuración urgente del impuesto al alcohol, cuya tasa no ha sido modificada desde 2014. Esta inacción proyecta una caída real del 8.5% en su recaudación, lo que subraya la necesidad imperiosa de revisar la política del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava estas bebidas, convirtiendo el ‘impuesto al alcohol’ en un tema central de la agenda legislativa.
El sistema actual del IEPS opera bajo un esquema ‘ad valorem’, aplicando un porcentaje sobre el precio del producto según su graduación alcohólica. Esta metodología, critican los especialistas, distorsiona el mercado al favorecer bebidas de bajo costo que pueden contener cantidades elevadas de alcohol, haciéndolas más accesibles y, por ende, potencialmente más dañinas. La propuesta de migrar hacia un gravamen basado en la cantidad de alcohol puro, específicamente 0.4938 pesos por cada mililitro, con una actualización automática conforme a la inflación, busca corregir esta inequidad y alinear el costo del producto con su impacto en la salud pública.
La situación sanitaria en México es alarmante. El país ostenta el cuarto lugar en las Américas en cuanto a la tasa de enfermedades vinculadas al consumo de alcohol, una cifra que contrasta drásticamente con una de las cargas impositivas más bajas de la región y a nivel global. Los impuestos selectivos representan, en promedio, solo el 10.6% del precio de la cerveza en las Américas y un 16% en bebidas espirituosas, muy por debajo de los promedios mundiales del 14% y 22% respectivamente. Esta disparidad fiscal agrava la ya compleja problemática de salud pública, donde el alcohol se asocia a 41,000 muertes anuales y costos que superan los 552,000 millones de pesos.
La propuesta de un sistema de cuotas específicas, como la de 493.8 pesos por litro de alcohol puro, indexada a la inflación, es una medida respaldada por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Este enfoque garantiza que el valor real del impuesto no se degrade con el tiempo, asegurando así una fuente de ingresos estable para el erario público y, simultáneamente, un mecanismo más efectivo para desincentivar el consumo excesivo. La experiencia internacional demuestra que la eficacia de estas cuotas radica en su suficiencia para impactar significativamente los precios y, consecuentemente, los patrones de consumo.
Tailandia emerge como un referente clave en esta discusión. Entre 1996 y 2017, este país implementó once aumentos del impuesto especial y dos reformas estructurales en su diseño tributario. Un análisis publicado en 2026 reveló que estas reformas redujeron el consumo de alcohol en un promedio del 16.2%, más del doble que el descenso logrado únicamente por incrementos de tasas (7.1%). Además, Tailandia ha demostrado cómo una parte de la recaudación puede destinarse estratégicamente a financiar fundaciones públicas de promoción de la salud, respaldando miles de proyectos y organizaciones colaboradoras, lo que representa un modelo integral de política fiscal para la salud.
El consumo de alcohol en México no solo es elevado, sino que muestra tendencias preocupantes. Con una media de 7.8 gramos de alcohol puro ingeridos diariamente por los consumidores, se observa una combinación de consumo ligero o esporádico con episodios de ingesta excesiva. Estudios recientes han documentado un incremento particular en el consumo entre las mujeres, especialmente las más jóvenes y aquellas de estratos socioeconómicos altos. Esta evolución demográfica en los patrones de consumo subraya la necesidad de políticas públicas más sensibles y diferenciadas que atiendan las especificidades de estos grupos vulnerables.
El calendario legislativo mexicano impone una ventana de oportunidad crítica: la Cámara de Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos antes del 20 de octubre, y el Senado antes del 31 de octubre, mientras que el Presupuesto de Egresos tiene como fecha límite el 15 de noviembre. Esta coyuntura exige una evaluación rigurosa y un debate informado sobre la reforma del impuesto al alcohol, considerando sus implicaciones multifacéticas para la salud pública, la sostenibilidad fiscal y el bienestar social de la nación.
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