Colombia ha sido sede de un seminario-taller pivotal para fortalecer la gobernanza para proteger políticas públicas de salud, especialmente en el control del tabaco. Coorganizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Cancerología y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el evento abordó la prevención y gestión de la interferencia de la industria tabacalera, un desafío global enmarcado en el artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Este encuentro en Bogotá reunió a autoridades, organismos internacionales, academia y sociedad civil, forjando un frente unido para salvaguardar la salud pública.
La implementación del CMCT se ve constantemente amenazada por las estrategias de la industria tabacalera. Estas tácticas incluyen cabildeo, desinformación y el lanzamiento de nuevos productos de nicotina para eludir regulaciones. La capacidad de los Estados para resistir estas presiones es crucial para la eficacia de cualquier política de salud, garantizando que el interés colectivo prevalezca sobre los beneficios corporativos. Este desafío global exige una respuesta coordinada y robusta.
El costo del tabaco va más allá del impacto directo en la salud. La OPS/OMS destacó que Colombia enfrenta pérdidas anuales de unos 17 billones de pesos, equivalentes al 1,8 % del PIB. Esta cifra cubre la atención de enfermedades no transmisibles (ENT) como cáncer, afecciones cardiovasculares y respiratorias crónicas, además de la merma en productividad laboral. La carga recae sobre el sistema de salud, las familias, los empleadores y la sociedad, evidenciando un problema socioeconómico de gran magnitud.
Las políticas fiscales son herramientas costo-efectivas probadas. La tributación reduce la asequibilidad del tabaco, impactando la salud pública. En Colombia, la carga impositiva sobre el cigarrillo más vendido en 2024 (62,75 %) aún está por debajo del 75 % recomendado por la OMS. El Proyecto de Ley 045 de 2026 representa una oportunidad legislativa clave para aumentar los impuestos, reducir el consumo y regular productos nuevos y emergentes de tabaco y nicotina, crucial para proteger a los jóvenes.
El Artículo 5.3 del CMCT es explícito: los Estados deben proteger sus políticas de salud pública de los intereses de la industria tabacalera. Esto implica transparencia en las interacciones, fortalecimiento de la integridad institucional y prevención efectiva de conflictos de interés. Se requiere un enfoque intersectorial, donde ministerios como Hacienda, Educación y Relaciones Exteriores trabajen coordinadamente con entidades regulatorias y territoriales, para establecer mecanismos sólidos que defiendan las políticas de salud de presiones comerciales y aseguren su cumplimiento.
La prevención, especialmente entre niños y adolescentes, es vital ante las nuevas estrategias de mercadeo. El Instituto Nacional de Cancerología actualizó su campaña a ‘No fumar, ni vapear es la actitud’, en respuesta a la normalización de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Estos productos son una puerta de entrada a la adicción a la nicotina. Los jóvenes, además de ser una población vulnerable, se consideran agentes activos de cambio, capacitados para formar a sus pares, incidir en políticas y vigilar la interferencia de la industria, amplificando un mensaje de salud comunitaria y movilización social. La OPS/OMS reafirma su compromiso con Colombia, ofreciendo recursos y directrices para consolidar capacidades institucionales y asegurar políticas basadas en evidencia, promoviendo la salud pública como inversión esencial para el desarrollo sostenible del país.
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