La reciente directriz de Inravisión en Colombia, entidad que agrupa los medios públicos, ha provocado una reestructuración significativa en la programación de las antes conocidas como ‘Emisoras de Paz’. A partir del 7 de septiembre, estas estaciones, ahora rebautizadas como ‘Emisoras de Reconciliación’, han modificado drásticamente su contenido hablado, limitando su alcance a una difusión local y suprimiendo el informativo diario. Esta decisión, que coincide con la llegada del nuevo liderazgo de De la Espriella al sistema de medios públicos, ha encendido el debate sobre la verdadera naturaleza de estos cambios: ¿son meros ajustes operativos o una forma sutil de censura editorial?
Desde el 18 de agosto, el panorama radiofónico en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado en Colombia fue silenciado en su componente hablado, reemplazado por una parrilla musical programada desde Bogotá. Aunque Inravisión argumenta que esta pausa se dio para diseñar una nueva oferta de contenidos, la eliminación del informativo diario y la restricción a un ámbito local de las radiodifusiones impiden que las comunidades compartan sus experiencias y testimonios a una escala nacional, contraviniendo un propósito fundamental de estas estaciones. La inclusión de términos como ‘Patria’ o ‘Milagro’, asociados a la retórica del nuevo director, subraya un posible giro ideológico en la línea editorial.
El establecimiento de las Emisoras de Paz fue un pilar crucial del acuerdo de 2016 entre el Estado colombiano y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Concebidas en el artículo 6.5 del pacto, estas 20 emisoras de frecuencia modulada tenían como objetivo integrar a las comunidades de los territorios más golpeados por el conflicto armado, fomentando el desarrollo territorial y la pedagogía sobre el proceso de paz. Su plena implementación representó uno de los pocos puntos del acuerdo con cumplimiento total, lo que realza la trascendencia de las recientes modificaciones en su estructura y operación.
Organizaciones de Derechos Humanos y colectivos defensores de la libertad de expresión han manifestado profunda preocupación, advirtiendo que estas medidas podrían dejar a los pobladores de zonas vulnerables sin voz y, adicionalmente, poner en riesgo la integridad de periodistas y operadores comunitarios. La suspensión de programas hablados no solo interrumpió la labor de quienes, como Jessica Molano y Angie Góngora, han dedicado años a construir tejidos sociales a través de la comunicación, sino que también generó un vacío informativo en áreas donde el acceso a medios independientes es limitado.
Más allá de la justificación oficial de una revisión de parrilla, diversos analistas y organismos de control han señalado que la interrupción del contenido hablado y la redefinición del rol de estas emisoras podrían constituir un incumplimiento del Acuerdo de Paz. La Corte Constitucional de Colombia ha ratificado en varias ocasiones la naturaleza vinculante del acuerdo, lo que sugiere que cualquier acción que menoscabe su espíritu o implementación, como la garantía del funcionamiento de estas radios, podría ser objeto de revisión judicial por vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información de las comunidades.
En el contexto político, estas acciones no son aisladas. Camilo Posso, presidente del Instituto para la Paz y el Desarrollo (INDEPAZ), ha recordado que el presidente De la Espriella prometió durante su campaña electoral suprimir mecanismos acordados en La Habana. La actual afectación a las emisoras, junto con otras señales como la supresión de la Oficina de la Presidencia de la República para los procesos de paz o la falta de asignación presupuestaria para la Unidad de Implementación del acuerdo de paz en 2027, parecen confirmar una estrategia de desmantelamiento progresivo de la arquitectura de paz.
La labor de periodistas en estas regiones se distingue por su compromiso con la visibilización de iniciativas productivas, proyectos turísticos y acciones comunitarias, contrarrestando el estigma de la guerra impuesto por otros medios. Este ‘rescate del tejido social’, como lo describe la comunicadora Jessica Molano, es esencial en territorios aún disputados por grupos armados, donde la estigmatización pública del oficio periodístico, como la referencia a emisoras que operaban ‘clandestinamente’, puede tener consecuencias directas sobre la seguridad y la vida de quienes allí trabajan. El temor a represalias laborales por alzar la voz frente a estas decisiones es una realidad palpable entre los comunicadores.
La tensión entre la facultad gubernamental de ajustar la programación de los medios públicos y el respeto a los compromisos derivados de un acuerdo de paz de carácter constitucional subraya un conflicto de fondo. Como señala Posso, existe una brecha entre los formalismos constitucionales y las prácticas que, en ocasiones, derivan en acciones autoritarias. La resistencia de las comunidades y los pronunciamientos de organismos como la FLIP, la MOE y AMARC, que califican las medidas como ‘no idóneas, necesarias ni proporcionales’, demuestran la vitalidad de la sociedad civil en la defensa de sus derechos y la continuidad de un proceso de paz aún en disputa.
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