La inminente 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) se cierne sobre una de las problemáticas humanitarias más apremiantes de nuestro tiempo: la Crisis de Desapariciones forzadas en México. A pesar de la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU para que este tema crítico se discuta urgentemente bajo la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, existe un riesgo palpable de que la situación no reciba la atención debida. La directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, ha expresado su preocupación ante la ambigüedad procedimental y la perceptible resistencia del Estado mexicano, elementos que podrían relegar una oportunidad histórica para las víctimas y la comunidad internacional.
El alarmante escenario en México, con más de 135,000 personas desaparecidas y un sombrío registro de más de 72,000 restos humanos sin identificar, llevó al CED a concluir en marzo pasado que existen indicios suficientes de que las desapariciones se cometen de manera generalizada o sistemática. Este patrón podría configurar crímenes de lesa humanidad, una categorización que subraya la extrema gravedad de la situación y la responsabilidad estatal. La magnitud de esta tragedia humana exige una respuesta coordinada y robusta de la comunidad global, trascendiendo las fronteras y las meras declaraciones de preocupación para avanzar hacia soluciones concretas y efectivas.
La activación del artículo 34 representa un mecanismo extraordinario, diseñado para someter casos de particular gravedad ante la Asamblea General, solicitando asistencia internacional. En este contexto, el CED elevó el caso al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, con la expectativa de que se brindara a México cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en áreas críticas como la búsqueda, el análisis forense, la investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y la indagación sobre posibles vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Asimismo, se pidió establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan.
No obstante, la materialización de esta discusión en la Asamblea General enfrenta obstáculos significativos. La falta de un procedimiento claro para dar seguimiento a la activación del artículo 34 es un punto de fricción. Aunque el Secretario General Guterres comunicó la solicitud del CED a los estados miembros en mayo, el tema no figura en la agenda actual de la Asamblea. Como señala Olivares Ferreto, la discusión solo se activaría si algún estado miembro, incluido México, manifestara explícitamente su voluntad de abordar la situación, lo que convierte la inclusión del tema en un acto de voluntad política y diplomacia, más que en un proceso automático.
La respuesta pública del Estado mexicano, calificada por Amnistía Internacional como ‘a la defensiva’ y de ‘negación’, complica aún más el panorama. Esta postura de resistencia no solo contrasta con la gravedad de las acusaciones del Comité, sino que también desaprovecha una oportunidad fundamental para que México demuestre su compromiso con los derechos humanos y la transparencia, al aceptar la cooperación internacional. La comunidad global, y en particular las familias de las víctimas, observan atentamente si el gobierno mexicano optará por la confrontación o por el diálogo constructivo en un foro tan relevante.
En caso de que el tema no sea abordado en la Asamblea General, una vía alternativa sería su análisis en la Tercera Comisión de la ONU, encargada de examinar asuntos de derechos humanos. Allí, el presidente del CED presentaría su informe entre octubre y noviembre de 2026, lo que ofrecería otra ventana para discutir el artículo 34. Las organizaciones, conscientes de la ausencia de precedentes claros para este tipo de activación, han propuesto establecer un procedimiento formal a través de esta comisión, quizás mediante una moción adoptada por uno o varios estados que derive en una propuesta elaborada por una comisión o persona experta independiente, que luego sería elevada a la Asamblea General.
Este momento es, sin duda, una coyuntura crítica que podría sentar un precedente para la forma en que la comunidad internacional aborda las desapariciones forzadas a escala global. La decisión de discutir o posponer este asunto en la ONU no solo afectará directamente a miles de familias mexicanas que anhelan verdad y justicia, sino que también reflejará el compromiso real de los estados miembros con los principios de derechos humanos. La priorización de las víctimas y la búsqueda de mecanismos de asistencia deben prevalecer sobre cualquier cálculo político, consolidando la confianza en las instituciones internacionales como garantes de la justicia y la dignidad humana.
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