La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México ha solicitado formalmente el ‘retiro de protección’ federal que actualmente resguarda a la diputada por Sinaloa, Paola Gárate. Esta decisión, que busca transferir la responsabilidad de su seguridad a las autoridades estatales, ha desatado una controversia significativa, especialmente porque la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha denunciado de manera consistente la presunta colusión entre el Gobierno de Sinaloa y poderosos grupos del crimen organizado. La solicitud de la SSPC y de la Guardia Nacional resulta paradójica en un contexto donde la propia diputada ha sido blanco de amenazas directas, cuestionando la capacidad o voluntad de las instituciones locales para garantizar su integridad.
Los incidentes que motivaron la protección federal de la diputada Gárate son un claro reflejo de la alarmante situación de violencia política que impera en la región. En junio de este año, recibió una corona fúnebre con la inscripción ‘Familia Gárate’, un mensaje inequívoco y brutalmente común en el argot del crimen organizado mexicano. Este acto de intimidación se suma a episodios previos de agresión, incluyendo un asalto violento con arma de fuego en octubre de 2025 y un secuestro de nueve horas en 2021, durante el cual fue golpeada y coaccionada a retirarse de las elecciones. Estos hechos delinean un patrón sistemático de amedrentamiento hacia figuras críticas que desafían el statu quo en estados de alta conflictividad.
El trasfondo de estas amenazas se enmarca en un escenario de profunda infiltración del crimen organizado en la esfera política de Sinaloa. Las denuncias de la diputada Gárate no son aisladas; de hecho, Estados Unidos ha señalado al exgobernador Rubén Rocha de Morena por presuntos pactos con el Cártel de Sinaloa para influir en los comicios de 2021, utilizando precisamente la intimidación contra opositores. Aunque Rocha finalmente dimitió y fue reemplazado por una gobernadora interina, la sombra de la ‘narcopolítica’ persiste, revelando la fragilidad de las instituciones democráticas ante la presión de los grupos criminales.
La defensa legal de Paola Gárate ha subrayado la insuficiencia de las medidas de protección ofrecidas por la Fiscalía de Sinaloa, las cuales se limitan a rondines aleatorios. Este esquema es considerado inadecuado frente al nivel de riesgo que enfrenta una legisladora cuya vida ha sido directamente amenazada en múltiples ocasiones. La discrepancia entre la evaluación de riesgo de la Guardia Nacional, que reconoce la necesidad de seguridad personal permanente, y su propuesta de delegar la protección a una entidad local cuestionada por la propia víctima, genera serias interrogantes sobre la coherencia de la estrategia federal de seguridad y la autonomía judicial en la protección de funcionarios públicos.
Este episodio se suma a una serie de ataques contra figuras públicas en Sinaloa, evidenciando que la violencia no se ha mitigado a pesar de los cambios políticos. Recientemente, los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres y Elizabeth Montoya sufrieron un atentado en enero, y la activista por los desaparecidos, Alma Rosa Rojo, fue atacada a balazos a plena luz del día este mismo fin de semana, aunque afortunadamente sobrevivió. Estos eventos subrayan una realidad brutal: la lucha por la seguridad y la justicia en Sinaloa es una batalla constante que trasciende los liderazgos políticos y expone la vulnerabilidad de quienes se atreven a alzar la voz en zonas de control criminal.
La situación de la diputada Gárate trasciende el ámbito individual para convertirse en un barómetro de la eficacia del Estado mexicano en su conjunto para proteger a sus ciudadanos y, en particular, a sus representantes electos. Si el aparato federal de seguridad, diseñado para enfrentar amenazas de alto nivel, elude su responsabilidad bajo el pretexto de jurisdicción local en un estado notoriamente asediado por el crimen organizado, se envía un mensaje desalentador sobre la capacidad real del Estado para garantizar el ejercicio libre de la política y salvaguardar la vida de quienes denuncian la corrupción y la violencia. Este dilema federal-estatal exige una clarificación y una respuesta contundente para no erosionar aún más la confianza pública en las instituciones.
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