La compañía Flock Safety, proveedora de sistemas de vigilancia para la seguridad pública, ha anunciado la implementación de controles rigurosos en su vasta red de cámaras lectoras de matrículas. Esta medida responde a una creciente ola de críticas y preocupaciones éticas respecto al uso indebido de los datos recopilados, particularmente en el contexto de investigaciones de inmigración. La decisión busca mitigar el riesgo de que la información vehicular, diseñada inicialmente para combatir el crimen local, sea instrumentalizada en procesos federales que podrían afectar a comunidades vulnerables.
Durante años, la proliferación de tecnologías de vigilancia como las cámaras de Flock Safety ha generado un intenso debate sobre la privacidad y los derechos civiles. Si bien la empresa siempre ha sostenido que agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen acceso directo a su plataforma, diversas investigaciones periodísticas han desvelado un patrón de colaboraciones indirectas. Agencias policiales locales habrían compartido proactivamente la información o realizado búsquedas específicas a solicitud de autoridades migratorias, difuminando así la línea entre la seguridad local y la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La magnitud de este uso secundario de datos ha sido evidenciada por múltiples reportajes. En mayo de 2025, ‘404 Media’ reveló más de 4,000 búsquedas efectuadas por entidades policiales estatales y locales utilizando términos clave como ‘ICE’, ‘inmigración’, ‘ICE+ERO’ o ‘ICE WARRANT’. Estos registros sugieren una práctica extendida de ‘favores’ informales o colaboraciones no transparentes. De manera similar, el Virginia Center for Investigative Journalism identificó cerca de 3,000 búsquedas relacionadas con inmigración en la red de Flock en Virginia en un período de doce meses, mientras que ‘Colorado Newsline’ reportó más de 1,400 accesos con vínculos migratorios en Denver entre junio de 2024 y abril de 2025. Estos números subrayan la amplitud con la que los datos de localización vehicular fueron empleados más allá de su propósito original.
Las nuevas directrices de Flock Safety empoderan a cada departamento de policía con la facultad de establecer políticas claras sobre el intercambio de datos. Esto permitirá a las jurisdicciones locales autorizar el acceso para delitos violentos, por ejemplo, pero explícitamente denegar el uso de sus datos para la aplicación de leyes migratorias. Además, la compañía reducirá drásticamente el período de almacenamiento predeterminado de las matrículas de 30 a 7 días, limitando la cantidad de información histórica disponible. Se hará obligatorio vincular cada búsqueda a un número de caso específico y se activarán herramientas para detectar patrones de comportamiento anómalos, buscando así un mayor nivel de trazabilidad y responsabilidad en el uso de la plataforma. El propio Garrett Langley, director ejecutivo de Flock, ha reconocido la lentitud de la empresa en abordar estas preocupaciones, señalando la necesidad de una respuesta más ágil.
Este giro estratégico de Flock Safety no es menor, considerando que su infraestructura abarca más de 120,000 cámaras y procesa alrededor de 20,000 millones de escaneos de matrículas mensualmente. La implicación de una red de esta escala en la vigilancia migratoria representa una preocupación significativa para organizaciones de derechos civiles y defensores de la privacidad. La capacidad de rastrear los movimientos de individuos, incluso sin una sospecha criminal directa, plantea interrogantes fundamentales sobre la línea que separa la seguridad pública de la vigilancia masiva, especialmente cuando estas tecnologías pueden ser cooptadas para fines distintos a los declarados inicialmente.
La adopción de estas nuevas políticas por parte de Flock Safety establece un precedente importante en la compleja intersección entre tecnología, privacidad y gobierno. Demuestra la creciente presión pública y mediática sobre las empresas que operan en el ámbito de la seguridad pública para asumir una mayor responsabilidad sobre el uso ético de sus productos. Aunque estas medidas son un paso positivo hacia una mayor supervisión, la vigilancia tecnológica sigue siendo un campo en constante evolución que requiere un escrutinio continuo para asegurar que la protección de la ciudadanía no vulnere sus derechos fundamentales. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para mantener la confianza en sistemas que recolectan volúmenes masivos de datos sensibles.
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