La industria editorial argentina, pilar de su rica vida cultural, se enfrenta a una reforma crítica impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La propuesta busca la desregulación del libro, específicamente la derogación de la ley de precio uniforme de venta al público, una normativa vigente hace veinticinco años. Editores, libreros y autores han expresado una profunda preocupación, advirtiendo que esta medida desmantelaría un ecosistema cultural diverso, compuesto por alrededor de 1.500 librerías y más de 500 editoriales, muchas de ellas pequeñas y medianas, construidas a lo largo de décadas.
La ley actual, que obliga a un precio fijo establecido por el editor o importador con limitadas excepciones para descuentos, ha sido fundamental para proteger la ‘bibliodiversidad’. Este modelo, similar al de países como Francia, España, Alemania y México, impide que grandes superficies o plataformas en línea utilicen los ‘best sellers’ como artículos promocionales con descuentos agresivos. Tal práctica, de ser implementada sin regulación, destruiría la competitividad de las librerías de barrio y las editoriales independientes, que dependen de un margen equilibrado para comercializar un catálogo amplio y diverso, más allá de los títulos de alta rotación.
El Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, argumenta que la medida fomentará la competencia y, consecuentemente, reducirá los precios de los libros para el consumidor. Sin embargo, la experiencia internacional contrasta con esta promesa. En naciones donde se ha derogado el precio uniforme, como Suiza o el Reino Unido, los estudios han mostrado que los precios no solo no bajaron, sino que, en algunos casos, crecieron por encima de la inflación general. Lo que sí ocurrió fue una significativa concentración del mercado y un retroceso de las librerías independientes, desplazando la venta hacia grandes cadenas y canales no especializados.
La iniciativa gubernamental no solo atañe al precio, sino que también contempla el desguace del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Este fondo ha desempeñado un papel crucial en el apoyo a la cadena de valor del libro, desde la creación hasta la promoción de la lectura a nivel nacional. Su eliminación, combinada con la reducción drástica de las compras institucionales y para programas educativos estatales —que pasaron del 29% al 5% de la tirada total en un año—, representa un golpe adicional para un sector que ya enfrenta una caída del 30% en las ventas en librerías.
La vitalidad de la industria editorial argentina, reconocida internacionalmente por la calidad de sus autores y traducciones, depende en gran medida de esta red diversa de editoriales y librerías. Como señala el escritor y editor Damián Ríos, el peso de los ‘best sellers’ es minoritario, representando apenas un 12% de las ventas totales. La vasta mayoría de los libros son de nicho, y su viabilidad económica es sostenida por la estructura actual. La defensa de esta ley es, para muchos, la defensa de la soberanía cultural y de la identidad que se construye y se comparte a través de las obras publicadas, trascendiendo su valor comercial y enfatizando su rol como bien público.
Un reciente revés para el Gobierno de Milei en el Senado, donde fue frenada una de sus principales propuestas desregulatorias, ha generado un halo de esperanza en el sector cultural. Este acontecimiento podría significar un aplazamiento o reconsideración de otras iniciativas, incluyendo la que afecta al libro. La postura unánime del ecosistema del libro argentino subraya la importancia de preservar un patrimonio que es espejo de su intelecto y creatividad, defendiendo no solo un negocio, sino la esencia misma de su expresión cultural.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
