Los gobiernos de Perú y México han concretado la esperada reanudación de sus relaciones diplomáticas, marcando un giro significativo en la política exterior de ambas naciones. Esta medida, largamente anticipada, se materializa tras la decisión del nuevo ejecutivo peruano, bajo la presidencia de Keiko Fujimori, de otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Este paso es fundamental para el ‘deshielo diplomático’ entre dos de las economías más relevantes de América Latina, cuyas interacciones se vieron severamente comprometidas desde noviembre de 2025.
El otorgamiento del salvoconducto es un instrumento crucial en el derecho internacional, permitiendo el tránsito seguro de una persona asilada hacia un tercer país, y su aplicación en este caso subraya la complejidad de la diplomacia contemporánea. Betssy Chávez, quien había permanecido asilada en la embajada de México en Lima tras recibir protección del gobierno de Claudia Sheinbaum, podrá ahora viajar a territorio mexicano. La reanudación diplomática pone fin a un periodo de tensión en el que el principio de asilo, un pilar de la política exterior mexicana, chocó con las demandas de justicia del Estado peruano.
La crisis que derivó en la ruptura diplomática tiene sus raíces en el fallido intento de autogolpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre de 2022. Betssy Chávez, quien ocupaba el cargo de primera ministra en aquel momento, fue implicada en estos eventos y posteriormente condenada a 11 años y 5 meses de cárcel, al igual que el propio expresidente Castillo. La decisión de México de conceder asilo a Chávez fue percibida por el gobierno peruano como una injerencia en sus asuntos internos y un desafío a su sistema judicial, lo que precipitó la interrupción de las relaciones a todos los niveles.
Este episodio resalta la persistente tensión entre la soberanía nacional y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y asilo político dentro de la región. La postura histórica de México de ofrecer refugio a perseguidos políticos, que se remonta a la Guerra Civil Española y se ha replicado en diversas crisis latinoamericanas, a menudo genera fricciones con los países de origen. Sin embargo, el derecho al asilo está reconocido en instrumentos internacionales y regionales, lo que lo convierte en un derecho humano fundamental, aunque su interpretación y aplicación sigan siendo motivo de debate diplomático.
Desde una perspectiva geopolítica, la normalización de los lazos entre Perú y México es una señal positiva para la estabilidad regional. Ambas naciones son actores importantes en foros multilaterales y su cooperación es vital para abordar desafíos comunes como el comercio, la migración y la seguridad. El restablecimiento de las relaciones permite una mayor coordinación en la agenda regional e internacional, lo que podría facilitar una diplomacia más constructiva en futuros desacuerdos y reforzar la integración latinoamericana.
Finalmente, esta resolución subraya la pragmática adaptación de las políticas exteriores de los nuevos gobiernos. Para la administración de Keiko Fujimori en Perú, cerrar este capítulo conflictivo puede liberar recursos diplomáticos y enfocar su política exterior en otras prioridades. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, la consecución del salvoconducto afirma la coherencia de su política de asilo sin sacrificar completamente la relación bilateral. Aunque los matices políticos e ideológicos pueden persistir, la prioridad de la diplomacia parece haber prevalecido en esta coyuntura.
Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
