La ofensiva de Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional ha experimentado una notable reconfiguración estratégica. Tradicionalmente centrada en la captura de cabecillas y la interdicción de cargamentos, la ‘Lucha Antinarcóticos’ estadounidense ahora apunta a las estructuras de protección institucional. Recientes acciones del Departamento de Justicia y del Tesoro, incluyendo recompensas multimillonarias y sanciones económicas contra figuras clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, como Juan Carlos Valencia ‘el Pelón’, han sido complementadas con la grave acusación de la DEA sobre la identificación de funcionarios mexicanos que brindan amparo a estas organizaciones, marcando un giro paradigmático en la persecución criminal binacional.
Sin embargo, esta nueva fase confronta un desafío sustancial: la falta de pruebas públicas que respalden las acusaciones contra funcionarios mexicanos. El precedente del 29 de abril, con la solicitud de extradición contra el entonces gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve ex y actuales funcionarios por presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa, ilustra esta problemática. A meses de la petición, las autoridades mexicanas aún esperan la entrega formal de la evidencia por vía diplomática, lo que genera una fricción considerable y cuestiona la solidez de los señalamientos antes de su judicialización.
Históricamente, las agencias estadounidenses han logrado éxitos tangibles en la desarticulación de redes financieras criminales, investigando el lavado de dinero, el tráfico de fentanilo y el ‘huachicol’ fiscal. Estas operaciones han derivado en sanciones, decomisos y algunos procesos penales significativos. No obstante, la gravedad de acusar a funcionarios de proteger activamente a carteles exige un rigor probatorio superior. El anuncio de investigaciones y acusaciones sin la concomitante presentación de cargos formales ante tribunales, como se observa en el caso de Rocha Moya, corre el riesgo de politizar la cooperación bilateral y menoscabar la credibilidad de ambas administraciones.
Sería una simplificación excesiva ignorar la intrincada relación entre el poder fáctico del crimen organizado y ciertas esferas institucionales. La capacidad de cárteles como el CJNG para operar a gran escala, controlar vastos territorios y generar miles de millones de dólares a lo largo de décadas sugiere, ineludiblemente, algún grado de infiltración y protección gubernamental. La historia reciente de México, lamentablemente, ha confirmado esta realidad en múltiples ocasiones. El quid de la cuestión radica ahora en la identificación precisa de los individuos implicados y la acreditación judicial irrefutable de su responsabilidad, más allá de meras declaraciones.
Esta divergencia estratégica entre las naciones es profunda. Mientras Estados Unidos expande su óptica para designar a organizaciones criminales como terroristas, e investiga complejidades como las criptomonedas, los fraudes electrónicos y las intrincadas redes de protección política, México ha mantenido predominantemente un enfoque reactivo, concentrándose en la captura de líderes operativos y sicarios. Esta disparidad en la aproximación táctica, donde una nación busca desmantelar la arquitectura financiera y de apoyo institucional, y la otra persigue el brazo ejecutor, ha demostrado ser insuficiente para desmantelar la vasta capacidad financiera y operativa de los principales carteles mexicanos.
La verdadera medida de la eficacia de esta estrategia estadounidense y el futuro de la colaboración binacional dependerán de la presentación de pruebas concretas y contundentes. La identificación pública y formal de los funcionarios acusados, seguida de un proceso judicial transparente, será la piedra angular para determinar la seriedad de estas imputaciones y el potencial para una reformulación sustantiva de la cooperación en seguridad. Sin esta base probatoria, la escalada de señalamientos podría estancarse en un ciclo de desconfianza que debilite la ya compleja relación bilateral en materia de seguridad.
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